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PRO CONSUMIDOR

Las plantas de agua son inspeccionadas

La directora de Pro Consumidor, Anina Del Castillo, informó que las autoridades asumen como prioridad la inspección de la calidad de los productos de las plantas envasadoras de agua.

La directora de Pro Consumidor, Anina Del Castillo, informó que las autoridades asumen como prioridad la inspección de la calidad de los productos de las plantas envasadoras de agua.

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Carlos Arturo GuisarreSanto Domingo

Las autoridades han asumido la prioridad de regular e inspeccionar la calidad del agua envasada y desde abril pasado el Instituto Nacional de Protección a los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) ha inspeccionado más de 50 plantas tratadoras del recurso hídrico para la ingesta humana.

De igual manera, Anina Del Castillo, directora de Pro Consumidor sostuvo en una entrevista para LISTÍN DIARIO que se ha visto en la obligación de cerrar al menos una decena de plantas envasadoras de agua, porque su producto final no reúne los niveles de inocuidad suficientes para garantizar la salud de los consumidores.

“Estamos trabajando en un levantamiento de las plantas envasadoras de agua, primero en las grandes ciudades y luego a nivel nacional”, sostuvo la funcionaria. La prioridad está fundamentada, dijo, en el hecho de que “prácticamente” la totalidad de la población urbana de República Dominicana compra el líquido envasado, tratado en algunos de estos centros industriales.

En ese proceso, Del Castillo explicó que se acercan a las plantas envasadoras con resoluciones individuales de solicitud de toma de muestras, amparados en la Ley 358-05 La Ley General de Protección de los Derechos del Consumidor o Usuario, “y en caso de no aceptar la inspección, buscaríamos mecanismos de aplicar la fuerza pública, pero en cada caso estas empresas abren sus puertas con la petición”.

Una vez fueron tomadas las muestras, directamente de las plantas envasadoras, son llevadas a los laboratorios del Instituto de Innovación en Biotecnología en Industria (IIBI) y la Corporación del Acueducto y el Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), instituciones que reciben un pago de Pro Consumidor a cambio del bioanálisis. “Puede costar entre RD$2,000 y RD$3,000 cada prueba”, señaló Del Castillo.

Ahora bien, Del Castillo aseguró que las gestiones de Pro Consumidor no tienen como fin el desmantelamiento de plantas de tratamiento, sino que aquellas fuera de regla normalicen sus controles de calidad y aporten al mercado productos sanos. “Los próximos pasos son tratar de integrar a otras entidades, como el Viceministerio de Fomento a las Pymes, para que estas pequeñas tratadoras de agua adquieran los instrumentos que les hace falta en su búsqueda de la calidad”.

La directora de Pro Consumidor entiende que la simple “colocación de una multa” y cerrar establecimientos no es lo más efectivo, porque el Estado también tiene que preservar la oferta en niveles suficientes y a precios competitivos. “Si de buenas a primeras comenzamos a clausurar plantas envasadoras de agua pequeñas sin un plan para apoyarles, estaríamos propiciando monopolios y oligopolios, con las consecuencias que esto acarrea para un mercado que debe funcionar”.

La idea principal, como contó Del Castillo, consiste en fortalecer un entorno de confianza en la calidad e inocuidad del agua que los consumidores compran en distintos establecimientos o en medio de las calles. “Cuando vas a un colmado y compras una botella de agua no te imaginas que puede estar contaminada, consumes con certeza de la calidad hasta que experimentas un inconveniente. Este esfuerzo lo iniciamos para que ese clima de tranquilidad se fortalezca”.

Con el propósito de garantizar a los consumidores la calidad del agua en venta para la ingesta humana, la funcionaria acotó como estratégico que la Procuraduría General de la República continúe evitando que las plantas clausuradas permanezcan en ese estado hasta que se les levante la prohibición.

Sanción a Lidom Pro Consumidor ratificó la exigencia del pago de 60 salarios mínimos a la Liga Dominicana de Béisbol (Lidom) y a la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC), por medio de la resolución 024-2016, que castiga a las entidades por violar las normas en lo referente al montaje y a la publicidad del Derby de cuadrangulares. “La violación fue al derecho a la información veraz y verificable en la promoción del evento, a raíz de que ninguno de los peloteros estelares que fueron anunciados para el Derby de Jonrones estuvo en la en actividad”, sostuvo Del Castillo, por medio de una nota de prensa enviada ayer.

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