El sistema catastral es afectado por duplicidad

Cerca del 30% de los expedientes presentados en la Dirección Nacional de Mensuras Catastrales son realizados sobre parcelas ya registradas, en contra de los mandatos de la Ley. El problema genera conflictos entre propietarios, además indica el nivel de ética que actualmente tienen los agrimensores.Así lo estimó ayer Simeón Familia, director de la entidad, quien explicó que la mayoría de los casos se registran en regiones con desarrollo turístico, específicamente el caso de Miches, Higüey o Samaná. Dijo que pese a las limitaciones de presupuesto que tiene la Dirección de Mensuras, cuando los inspectores bajan al terreno muchas veces confirman que las informaciones que presentan los expedientes resultan todo lo contrario a lo declarado. Durante una charla en conmemoración del Día del Agrimensor, dada en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos (Codia), el funcionario indicó que los agrimensores antes de certificar un saneamiento deben investigar en detalle las informaciones relacionadas al terreno, y determinar que la parcela no pertenece a nadie. “Aunque estamos avanzados en el uso de la tecnología y de equipos de posicionamiento global o GPS, los agrimensores tienen que hacer valer su capacidad e investigar profundamente si esa parcela no había sido deslindada antes, aunque eso signifique entregar el trabajo un poco más tarde al cliente”, dijo. Exigir un saneamiento en un área protegida o transgredir un espacio público sin justificación de fuerza mayor, son dos razones principales por la que muchos expedientes son devueltos. De acuerdo a Familia, aunque están bien explícitos en la legislación son frecuentemente obviados por quienes entregan los proyectos a la Dirección Nacional de Mesuras Catastrales. Tiempo de esperaUno de los participantes cuestionó por qué la Dirección de Mensuras Catastrales con frecuencia toma mucho tiempo para entregar un expediente. En respuesta, Familia explicó que la entidad agota un proceso de vectorización o digitalización de las parcelas que aumenta la demora. El fin del proceso, señaló, es evitar el aumento de la duplicación parcelas, razón que ha provocado que se eleve a 45 días el plazo de entrega de proyectos certificados, como medida preventiva. “En la década de los 80 cuando recién entraba a la entidad las estadísticas que manejábamos indicaban que faltaba por sanear menos del 8% de los terrenos de la zona norte, donde ocurren más fraudes. Sin embargo, a juzgar por la cantidad de procesos que se realizan hoy parece que ese porcentaje es mucho mayor. ¿O las estadísticas fallaron o alguien no esta diciendo la verdad?” indicó. En adición, explicó que la entidad no tiene toda la capacidad para evaluar todo los casos, por lo que es deber de los agrimensores que realizan en primera instancia los procedimientos hacer una labor apegada a la ética y la verdad. Organización e historiaLa mensura en el país está organizada a partir de la Ley 108-05, sobre la Jurisdicción Inmobiliaria, la cual dictamina que el órgano del Poder Judicial estará compuesto por la Dirección de Mensuras Catastrales, el Tribunal Superior de Tierras, y la Dirección General de Registros de Títulos. La Dirección de Mensuras Catastrales a su vez está divida en tres regionales: central, norte y noreste. Falta una regional en el sur y otra en el este, pero ambas penden de la designación de la Suprema Corte de Justicia. En materia de operación, cuando no se trata de una transferencia de títulos, todos los procesos son canalizados a través de la Dirección de Mensura. Los orígines de la medición en el país se remontan a la primera invasión norteamericana en 1916. AGRIMENSORES DEBEN MODERNIZARSEUTILIZAR TECNOLOGÍASPresente en la actividad, el secretario general del Codia, Domingo Mateo, instó a los agrimensores colegiados a aumentar sus conocimientos de computación y manejo de los equipos tecnológicos que se pueden aplicar en la agrimensura. Dijo que además cada agrimensor debe conocer al dedillo las directrices contenidas en la Ley 108-0 además de conocimientos que enriquezcan su labor de agrimensor, el cual tildó como uno de los más complejos y demandados en el mundo de la ingeniería. Explicó que la Ley 108-05 pese a tener sólo cinco años de vigencia necesita ser modificada en aspectos específicos que la hacen ya obsoletas. “Es necesario que se aplique una serie de modificaciones para que se mejore la legislación”, declaró. Simeón Familia, agregó al respecto, que los profesionales de la medición deben conocer además leyes adjetivas como la de Medio Ambiente que le ayuden a comprender con más amplitud los procesos que se realizan entorno a los deslinde. Advirtió que la aprobación de un proyecto no exime a los agrimensores de ciertas cargas legales, de manera que pueden ser llamados a comparecer a la justicia tiempo después cuando las autoridades así lo decidan.