Economia & Negocios

Fred Goico revela que Aerodom incumple contrato con el Estado

La empresa reclama US$31 millones como valor adicional a su compromiso

El plan para modernizar el aeropuerto Las Américas se encuentra inconcluso, al igual que otras terminalesArchivo LD

JAIRON SEVERINO
Santo Domingo, RD.

Las obras de ampliación y remodelación de los privatizados aeropuertos internacionales Gregorio Luperón y Las Américas no han pasado de la primera etapa en su ejecución, a pesar de que la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aero-dom) está comprometida en los contratos de arrendamiento que tiene con el Estado dominicano.

La información fue ofrecida por el arquitecto Fred Goico, quien tuvo a cargo el diseño de los planos para la ampliación y remodelación de los aeropuertos Gregorio Luperón, Arroyo Barril y del anexo de Las Américas.

El plan para modernizar el aeropuerto Las Américas se encuentra inconcluso, al igual que otras terminales.

Indicó que en el AILA sólo se ha hecho una parte y que la continuación de las fases dos y tres del plan maestro no se han llevado a cabo, porque el Gobierno y Aerodom no han determinado hacerlo. Se refiere específicamente al satélite norte y ampliaciones frontales, que han sido ejecutadas en parte.

Dijo que desconoce las razones por las que no han sido puestos en ejecución los proyectos de ampliación del aeropuerto Las Américas, pero cree que el Gobierno es el que debe tener la supervisión sobre el contrato.

Señaló que tampoco en Puerto Plata se ha hecho nada, en lo relativo a las ampliaciones frontales y las facilidades de acceso a las aeronaves o puentes.

En el caso del aeropuerto de Arroyo Barril, en Samaná, explicó que se construyó una parte de la obra, en lo que tiene que ver con la ampliación de la pista, que luego se paralizó, “confundiendo al Gobierno de que era más práctico hacerlo en otro lugar, como es Catey”.

En tal sentido, indicó que presentaron las opiniones de consultores internacionales, quienes recomendaron que era un absurdo el traslado de la obra, especialmente por la distancia de Samaná y de los puntos turísticos.

Dijo que entregará copias de los planes a Obras Públicas, en los cuales hacen constar que esta entidad es la propietaria, aunque recoociendole los derechos de autor.

En resumen, señaló que de los proyectos de ampliación solo se ha terminado una etapa en el Aeropuerto Internacional Las Américas. Dijo que en Puerto Plata y Arroyo Barril no se ha hecho nada, haciendo énfasis de que en este último debería reconsiderarse lo relativo a su traslado, “porque ir a Catey no tiene ningún sentido técnico”.

En el caso del aeropuerto La Isabela, Aerodom está reclamando US$31 millones como valor adicional a su compromiso de inversión originalmente contratado de los US$203 millones, pero, de acuerdo con adenda al contrato original, aprobado por el Congreso el 9 de abril de 2001, la empresa se comprometió a realizar las inversiones económicas necesarias para la conclusión de las obras civiles y edificaciones complementarias. Esto incluía la pista de aterrizaje, terminal aérea, torre de control, dentro del marco de la inversión global del proyecto de concesión.

CRONOGRAMA

Aerodom se comprometió a realizar una inversión de US$203 millones en los primeros tres años de sus operaciones, según el contrato suscrito con el Estado dominica-no, a través de la Comisión

Aeroportuaria y la Secretaría de Obras Públicas, según consta en la Gaceta oficial 100033, del 31 de diciembre de 1999.

En el cronograma de inversión acordado, se especifica que en el aeropuerto Las Américas, Aerodom invertiría US$96 millones, en el de Puerto Plata USS47 millones; en el de Arrovo Barril US$55 millones y en el de Barahona US$5 millones.

Informes dan cuenta que cinco años después apenas ha invertido US$118,811,762.60, y tal monto identificado por la propia compañía deberá ser verificado por el Estado dominicano a través de la auditoría que está realizando.

Sobre La Isabela, Aerodom reclama US$31 millones como valor adicional a su compromiso de inversión originalmente contratado de los US$203 millones, pero, de acuerdo con la adenda al contrato original, aprobado por el Congreso el 9 de abril del 2001, la empresa se comprometió a realizar las inversiones necesarias.

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