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Panamá está al borde de crisis por escándalos de corrupción
Adiós. Los panameños se han lanzado a las calles para reclamar que se castigue a los corruptos. Las acusaciones han llegado hasta la Presidencia de la República.
Las denuncias cruzadas de corrupción, las sospechas de amiguismo y las constantes acusaciones de clientelismo ponen a Panamá al borde de una crisis institucional que enfrenta a Parlamento, Gobierno y partidos, e incluso a la Administración de Justicia.
El Parlamento ha visto como se deterioraba su imagen por el escándalo de las “donaciones” que realizaban los diputados, de manera discrecional y aparentemente descontrolada, según todas las denuncias, a entidades y personas físicas.
Nada menos que 14 millones de dólares en los últimos tres años, de los que buena parte podrían haber tenido un destino distinto al declarado, según las documentadas denuncias formuladas en el diario local La Prensa.
La cuestión obligó a la Corte Suprema de Justicia a declarer inconstitucional el reglamento que las regía, aprobado por la Contraloría precisamente para limitar las críticas de clientelismo que se habían vertido sobre la Asamblea en pasados ejercicios.
La Asamblea Nacional, que suspendió las donaciones, creó una Comisión de Investigación sobre el caso, que se superpone a la ya constituida para indagar casos de corrupción, pero que nace con la duda de que uno de sus integrantes se vio envuelto hace unos años en un escándalo por la presunta compra de terrenos a precios muy inferiores a los del mercado.
Al choque entre la Contraloría y el Alto Tribunal se suma la denuncia penal formulada por la Alianza Ciudadana ante la Asamblea Nacional contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia por haber nombrado supuestamente a 600 funcionarios al margen de la Ley de la Carrera Judicial. La denuncia se presentó pocos días después de la sentencia sobre el reglamento de donaciones.
Pero no es el único enfrentamiento institucional. La propia Asamblea decidió crear una comisión de investigación sobre la corrupción a raíz del escándalo Odebrecht, con la misión de evaluar las licencias concedidas en las obras de infraestructura durante el mandato de los tres últimos gobiernos.