Memorial de agravios del gobierno de Abinader
Después de soportar al gobierno de Luis Abinader por casi cuatro años, con su memorial de agravios, improvisaciones e ineptitudes, los dominicanos mayores de edad están convocados a las urnas el 19 de este mes para decidir si les permiten seguir haciendo más de lo mismo o si lo despachan derrotado.
Anda por ahí una letanía repitiendo hasta el cansancio que Abinader no pierde la reelección. De eso aun hay tiempo de hablar, pero hoy mi deber ciudadano me obliga a decirle a la gente que no está alquilada en este gobierno, qué es lo que podría reelegirse.
Con la Constitución de la República que permite una reelección y nunca más, Abinader y sus socios modificaron los estatutos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) para validar las aspiraciones continuistas del gobernante, echaron de su dirección política a dirigentes brillantes como Tony Raful, Fafa Taveras, Cucuyo Báez Pérez, entre otros.
La concentración de poder y la exclusión, dentro del mismo partido y el gobierno, ha sido la hoja de ruta de la gestión de Abinader.
Acciones de gobierno
El resultado del gobierno actual ha sido un deterioro neto de las condiciones de vida de las personas, con pésimos servicios de salud, educación, agua potable, energía eléctrica, seguridad ciudadana, transporte y respuesta a desastres.
La inflación acumulada durante el gobierno de Abinader se acerca al 30%, con alzas incontrolables de los medicamentos, alimentos básicos, factura eléctrica (no tarifa) y transporte de todo tipo.
Con casi 300,000 millones de pesos presupuestados para este año, el desempeño del Ministerio de Educación, en la gestión de Ángel Hernández, es el fiasco más grande que se recuerde en la historia dominicana y donde mayores atropellos se han cometido contra empleados y profesores para rendir culto a la politiquería barata de cualquier cacique pueblerino.
Ese ministro fue el que dispuso o permitió a sus jefes políticos que le pasaran un tractor a la Escuela de Las Carreras, Baní, en julio del año pasado, para construir un nuevo plantel, pero al día de hoy no se ha clavado la primera varilla.
En materia de salud, dos ejemplos ilustran la incompetencia: el servicio de emergencias 911 que antes salvó tantas vidas por su acción rápida, hoy no llega a tiempo ni siquiera a cortas distancias, como lo prueba la muerte de dos niños y un adulto en Villa Mella que se calcinaron en la madrugada del domingo y las ambulancias llegaron dos horas después.
La ciudad sanitaria “Luis Eduardo Aybar”, que el pasado gobierno la dejó muy avanzada, sigue ahí paralizada y esa inversión a la pérdida.
Lógicamente, esos hospitales solo los usaría el pueblo, no los funcionarios que disponen de recursos públicos para ir a las clínicas más caras del país y del extranjero.
Inseguridad campea
Las calles, lugares públicos, negocios, viviendas y vehículos son espacios totalmente vulnerables por la creciente delincuencia que azota al país. En lugar de enfrentarla, con inteligencia, recursos y respetando la ley y los derechos, el gobierno la oculta.
¿Cómo la oculta? Publicando cifras semanales diciendo que las muertes violentas siguen bajando.
Es posible que las muertes sean menores, pero los asaltos y despojos son mucho más cada día.
Por cada asalto mortal debe haber no menos de 5,000 acciones delictivas violentas que no conllevan muerte, sino pérdida de propiedad, agresión física y psicológica. ¡Y esa es la esencia de la inseguridad que vive la población!
Desastres ambientales
El 4 de noviembre de 2022, tras cuatro horas de lluvias, la ciudad se ahogó, se anegaron apartamentos, casas arrastradas en la periferia de la capital, cientos de vehículos sepultados en marquesinas y avenidas, junto a una decena de muertes.
Exactamente un año después, las lluvias hicieron el mismo desastre, con saldo similar, pero agregando el desplome de un muro en el paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Máximo Gómez.
Entonces llovió intensamente, pero encontró los sistemas de drenaje llenos de basura y la ciudad se saturó, inundando sótanos en plazas comerciales, complejos de apartamentos y edificios públicos.
La inoperancia y la complicidad del Ministerio de Medio Ambiente tiene al país expuesto a daños ambientales nunca vistos, de lo que son ejemplo Las Dunas de Baní diezmadas impunemente para expandir la construcción de hoteles; los ríos Yuna y Nizao, los mejor aprovechados del país pero los más sometidos a la barbarie depredadora de constructores y grandes finqueros desde sus nacimientos hasta sus desembocaduras.
Daños en la agropecuaria
En el campo, la tormenta Franklin en agosto y los torrenciales del 18 de noviembre de 2023 provocaron daños cuantiosos a la agricultura, tanto a cielo abierto como en invernaderos.
Como es habitual, el propio Abinader prometió ir en auxilio de los productores afectados. Entonces declaró que para recuperar las pérdidas de agosto, el gobierno destinaría 5,100 millones de pesos y rehabilitaría los caminos.
Sin que les diera un centavo, llegaron las lluvias del 18 de noviembre y remataron los cultivos, dejando a los agricultores sin producción, grandes pérdidas y mayores deudas.
Y como prometer para no cumplir es la “ética” de este gobierno que se quiere reelegir, el Consejo de Ministros “aprobó” 8,000 millones de pesos para ir en apoyo de los productores.
Hasta el 11 de enero de este año a los productores no les habían dado un centavo ni acondicionado los caminos. Cuando mi análisis “Productores agropecuarios ante reelección de Abinader” fue publicado ese día, 72 horas después los dueños del Ministerio de Agricultura, Límber Cruz, y del Banco Agrícola, Fernando Durán, fueron corriendo a Rancho Arriba a llevar varios millones de pesos que repartieron selectivamente entre sus acólitos políticos y opositores en lista de compra.
Los productores no recibieron nada, solo la burla, lo que provocó que una semana después, bloquearan el tránsito en varios puntos de la carretera Ocoa-Rancho Arriba-Piedra Blanca, con una justa protesta.
¿Por qué el gobierno no rescata a los productores agropecuarios? Porque su política es quebrarlos, darles todo el dinero público y las facilidades a comerciantes para que importen alimentos.
Eso explica la alta inflación acumulada en más de tres años, la ruina del campo, la migración masiva de agricultores y jóvenes de las ciudades hacia el extranjero utilizando todas las vías posibles.
Explosiones e incendios
El 14 de agosto pasado una misteriosa explosión destruyó una arteria comercial en el centro de la ciudad de San Cristóbal, a escasos metros del edificio donde se firmó la primera Constitución.
Medio centenar de personas murieron ahí y la respuesta del gobierno fue hacer una investigación de las causas, esconderla y someter a una familia como supuesta culpable de la deflagración mortal. ¡Caso cerrado!
Los comerciantes y las familias que lo perdieron todo aun siguen esperando el cumplimiento de las promesas gubernamentales.
Similar pasó en la cárcel de La Victoria. Más de 7,000 presos amontonados como cobayas para que carceleros y prebostes hagan negocios –dentro y hacia afuera del recinto- mientras la nueva prisión construida en Las Parras, nunca fue utilizada y se dejó arrabalizar.
Un incendio consumió áreas superpobladas, dejando muertos y desaparecidos a decenas de prisioneros.
La respuesta del gobierno fue improvisar un traslado masivo de presos –totalmente ilegal- a grandes distancias de sus familiares y los tribunales donde se conocen sus casos, vulnerando derechos fundamentales.