Corrió mucho dinero para 17 obras

Al ser designado Víctor Díaz Rúa como secretario de Obras Públicas, identificó el referido proyecto Higuey-Verón para que lo desarrollara la compañía Constructora Norberto Odebrecht por la experiencia positiva que había tenido en el Instituto Nacional de Aguas Potables, donde según el ministerio público, obtuvo grandes sumas de dinero como resultado del soborno recibido por parte de Ángel Rondón.

“La ambición y el deseo de adquirir mayor participación en los beneficios del dinero del soborno por parte del imputado Víctor Díaz Rúa lo llevaron a exigir a la compañía Norberto Odebechet que firmara un contrato de representación legal por el 1.25% del valor total del proyecto de la Autopista del Coral con el imputado Conrado Enrique Pittaluga, contrato que se firmó el 17 de enero de 2008”, indica.

Explica que luego de la compañía Odebrechet agotar el requerimiento de contratar a Conrado Pittaluga, se procedió el 20 de agosto del 2008 a la firma del contrato de cesión y enmienda a los contratos de construcción y financimiento de la obra Autopista del Coral, donde la Constructora Hormigones Moya cedía sus derechos a la empresa Odebrecht por la suma de doscientos setenta y dos millones doscientos setenta y nueve mil trescientos treinta y seis dólares con cuarenta y cuatro centavos.

Dice que este entramado de corrupción llevó a Díaz Rúa a firmar la adenda III el 1 de octubre del 2011, en la cual le aumenta setenta y siete millones ciento noventa y tres mil setecientos veintinueve dólares con ochenta y siete centavos.

Los imputados Díaz Rúa y Pittaluga, según el expediente instrumentado por el ministerio público, recibieron primeramente la suma de seis millones seiscientos veintinueve mil ochenta dólares, los cuales fueron pagados a través de la compañía Newport Consulting LTD, una compañía abierta en el Meinl Bank, de Antigua, Barbuda, propiedad del intermediario del soborno, Conrado Enrique Pittaluga.

Estos pagos de soborno fueron hechos en fecha 21 del mes de junio del año 2011 y recibió treinta y seis mil ochenta dólares, con 29 centavos. El 28 de junio del 2001 recibió un millón ochenta y ocho mil dólares.

El 1 de julio del 2011 recibió novecientos cuatro mil dólares y otros pagos.

El expediente explica que el 2% de la obra fue entregado a Rondón , quien lo utilizó para sobornar a funcionarios y legisladores.

“Para esta obra en específico, los imputados Tommy Alberto Galán, en ese momento presidente de la Comisión de Hacienda y el secretario técnico de la Presidencia, Temístocles Montás, se encargaron de las gestiones en el Poder Ejecutivo y dieron celeridad a los trámites de aprobación de aprobación de préstamos, para lo cual aceptaron sumas de dinero como soborno para la realización de estas diligencias.

En lo que concierne a la aprobación del corredor Duarte I explican que hubo un concierto de voluntades para sustraer fondos públicos.

La licitación fue ganada por el Consorcio Corredor Duarte conformado por las entidades Norberto Odebrecht e Ingeniería Estrella, firmando el contrato el 28 de abril de 2009 por un monto de ciento sesenta y tres millones ochocientos cuarenta mil dólares con treinta y tres centavos.

El testigo Marco Antonio Vasconcelos Cruz afima en sus declaraciones que para la aprobación del financiamiento el imputado Rondón Rijo contaba con el apoyo de Temístocles Montás, quien diligenció los acuerdos de financiamiento, también contaba con el presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, a través del diputado Ruddy González, quienes también recibieron sobornos.

El 4 de febrero del 2010 se firmó la primera adenda al contrato para el diseño y construcción del proyecto corredor Duarte.

Según el expediente, se hizo costumbre la violación a la Constitución y las Leyes en la gestión del acusado Víctor Díaz Rúa, lo cual ocurrió también en la construcción de la Carretera El Río Jarabacoa, que fue declarada de “urgencia” por el mismo imputado, en fecha 10 de agosto de 2010, mediante la Resolución No. 09-2010, violentando la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley 449-06.

Según el documento, el mismo día, Díaz Rúa luego de declarar la obra de “urgencia” para evadir el procedimiento establecido en la Ley, procede a firmar el contrato para la construcción de la carretera, por un monto de US$71,538,760; luego de agotada la formalidad de la contratación, el imputado Ángel Rondón, gestionó el financiamiento con el señalado Temístocles Montás, quien formaba parte de la supuesta asociación criminal formada para desfalcar el Estado dominicano, según la declaración de Marco Antonio Vasconcelos.

Posteriormente se realiza una adenda irregular con la finalidad de ajustar precios y cantidades llevando el monto total de la obra a 100 millones 545 mil 358 dólares, excediendo en más de 25% del monto del contrato original, violentando la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley 449-06.

Del monto de la obra, Rondón recibió a través de la empresa Lashan Corp, la suma de US$1,430,775, como en las demás obras construidas por la constructora Odebrecht, Rondón recibía el 2%, suma que era entregada como pago por las diligencias realizadas por este, para lograr la adjudicación de la obra a la empresa brasileña, la firma rápida de los acuerdos de financiamiento y la aprobación en el Congreso de los acuerdos de préstamos.

Sobre la Carretera de Casabito, el proceso de contratación y construcción, iniciada en fecha 28 de noviembre de 2007, con la adenda No. 6, al contrato del proyecto Hidroeléctrico Pinalito, mediante el cual en las obras contratadas se incluyen los trabajos de rehabilitación de la Carretera Constanza-Tramo Cruce Autopista Duarte-Casabito-Constanza, donde el vicepresidente de la CDEEE, Radhamés Segura y Díaz Rúa, fraguaron un “concierto de voluntades con el fin de evadir los procesos legales establecidos en la Ley No. 340 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, modificada por la Ley 449-06 y se ingenian un mecanismo ilegal para transferir fondos de un proyecto a otro, violentando la Constitución y el Código Penal dominicano.

El expediente sostiene que el 26 de diciembre de 2007, aprovechando una declaratoria de “Estado de Emergencia”, Díaz Rúa, en sus funciones de ministro de Obras Públicas, suscribe un contrato con Odebrecht, sin ningún tipo de formalidad ni licitación más que el soborno recibido, donde se materializa la voluntad pactada, otorgando a la citada empresa la rehabilitación de la Carretera Constanza-Tramo Cruce Autopista Duarte-Casabito-Constanza.

El monto contratado fue de US$40, 553,690, de los cuales US$11,512,584 fueron dispensados por la CDEEE; mientras que los US$29,041,106 por el Ministerio de Obras Públicas.

Congreso En el caso de los imputados Julio César Valentín y Ruddy González, el primero en su condición de presidente de la Cámara de Diputados y posteriormente senador de la República, y el segundo en su condición del diputado y miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, viabilizaron con todos los proyectos que se conocieron en sus respectivas gestiones para recibir sumas de dinero de parte de Rondón.

Vasconcelos Cruz, testigo del caso, detalla sobre la estrecha relación de Valentín y González con el intermediario Odebrecht, Rondón. Además, habla de los aportes que este realizaba a las campañas de ambos legisladores.

Vasconcelos Cruz, quien también es exgerente general de Odebrecht, fue corroborado por el propio acusado Ruddy González, quien estableció en el interrogatorio realizado en la Procuraduría General de la República, en fecha 29 de marzo de 2017, que reconoce la relación estrecha entre él y los imputados Rondón y Valentín, además, admite que recibió aportes económicos de Rondón para sus “campañas electorales”.

El proceso de conocimiento de medida de coerción fue aplazado ayer por el juez de la instrucción especial Francisco Ortega para el martes 6 de este mes a las diez de la mañana.

La audiencia tiene lugar desde el pasado martes, cuando la audiencia de presentación de imputados al magistradao se realzó y debió ser aplazada para las cinco de la tarde de ayer.