Penal
Caso Diandino va a la Procuraduría
Medidas. Lidio Cadet dijo que tiene el acuse de recibo de la comunicación que envió al Ministerio Público.
El Director General de Ética e Integridad Gubernamental, Lidio Cadet, informó ayer que esa institución puso en manos del ministerio público el caso Diandino Peña, para que investigue si hay algún hecho que pueda reñir con la ley.
El funcionario dijo que inmediatamente se enteró de la denuncia, a través de un reportaje que realizó la periodista Alicia Ortega, procedió a recopilar informaciones para iniciar el proceso de investigación contra el exdirector de la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), pero que al ser destituido, el caso salió de su competencia, por lo que lo puso en manos del ministerio público.
“¿Qué hicimos? Enviamos una comunicación con lo que había sucedido, en la cual le solicitamos que investigara la cuestión, para que si encuentran méritos penales, que actúen en consecuencia”, dijo Cadet.
Agregó que el ministerio público es el estamento que está llamado a actuar en ese caso, en vista de que Diandino Peña fue destituido.
El funcionario habló en una rueda de prensa en la que anunció cambios en la política de elección de los miembros de la Comisión de Ética, lo cual se hará con la aplicación del decreto 143-17, que establece la creación de comisiones de éticas públicas en cada una de las entidades gubernamentales.
Diandino Peña fue destituido el pasado viernes, cuatro días después de que el programa El Informe con Alicia Ortega publicara una investigación en la que se determinó que el exfuncionario, quien llevaba 13 años en la dirección de la OPRET, había manejando un presupuesto de casi dos mil millones de dólares, creara 19 empresas luego de asumir el cargo, muchas de ellas sin declarar, y utilizando testaferros para que representaran sus inversiones.
Lidio Cadet explicó que las comisiones de ética están llamadas a jugar un papel estelar en los controles, de modo que todo el proceso de servicio en el país a través de la administración pública, tenga la garantía de que el funcionario sienta temor de violar los controles. “Si viola los controles, entonces viene el régimen de consecuencia: el que la hace, la paga. Yo no he venido aquí a buscar preso, sino a que la administración pública le sirva a la ciudadanía con idoneidad”, aseguró Cadet.