Otro desafortunado e inaceptable error

El pasado 28 de abril nuestro canciller se reunió con su nuevo homólogo haitiano, Antonio Rodrigue, repitiendo la misma actitud conciliadora y de acercamiento cada vez que se produce un cambio de gobierno en ese país, y nuevamente asumieron el compromiso de impulsar, de manera decidida, los lazos que unen a la República Dominicana con Haití.

Paradójicamente, esta primera reunión coincidía con el 52 aniversario de la ocupación militar norteamericana de 1965 al país, invasión validada por la OEA, el mismo infausto organismo regional que luego de cinco décadas admitió su “error” durante la 46ava. Asamblea General celebrada en nuestro país, donde se aprobó una declaración de “desagravio” al pueblo dominicano, pidiendo disculpas por haber aprobado la intervención de EE.UU a fin de sofocar la rebelión en contra de un gobierno militar que interrumpió el proceso de restablecimiento del orden constitucional.

Como casualidad del destino, el mismo día que los cancilleres insulares se reunían, en Washington D.C., la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entidad autónoma de la OEA, daba a conocer su “Informe Anual-2016” sobre la situación de los derechos humanos de la región latinoamericana. Este informe, en su capítulo IV, conocido como la “lista negra”, sindica a Cuba, Venezuela y República Dominicana, como países donde se violan los derechos humanos.

En nuestro caso particular, la CIDH nos acusa nuevamente de ejercer una persistente “discriminación racial estructural contra personas de ascendencia haitiana o percibidas como tales”, que impacta particularmente en “el reconocimiento de la nacionalidad, deportaciones, expulsiones, operativos migratorios y expulsiones colectivas”, a pesar de ser la primera vez que nos incluyen en ese informe.

¡Cuánta falsedad y perversidad, afirmar que en el país existe discriminación racial por parte del Estado en contra de los haitianos y sus descendientes!

Realmente, con esta artimaña sin fundamentos en sus infames acusaciones, la CIDH busca presionar al gobierno para que reconozcamos como dominicanos a ciudadanos que no les corresponde -específicamente haitianos y/o descendientes- quienes de hecho y de derecho tienen el legítimo derecho de poseer la nacionalidad de sus padres, según su Constitución.

Mientras todo esto sucede, el canciller haitiano Antonio Rodrigue, aprovechó su visita para iniciar la entrega de actas de nacimiento, cédulas y pasaportes a sus ciudadanos que residen en el país, quienes fueron procesados a través del Programa de Identificación y Documentación de Inmigrantes Haitianos (PIDIH).

El gobierno haitiano, a través de sus consulados, entregará unas 33,146 cédulas de identidad, 39,510 actas de nacimiento y más de 30,000 pasaportes, de los cuales 11,593 personas serían beneficiados en la primera fase del proceso.

Nuestro glorioso e histórico mes de abril trajo muchas coyunturas, y como antesala a todo lo ocurrido, el día 13, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó una resolución que ordena a la fuerza militar y policial que integran la MINUSTAH su retiro de Haití, tras permanecer 13 años en ese país. Resolución que extiende por seis meses las operaciones de los cascos azules en esa nación, quienes saldrían el 15 de septiembre de este año.

El Gobierno dominicano reaccionó y envió una comisión para entregar una carta de rechazo a la decisión del CIDH de incluir al país en la lista negra de violadores de los derechos humanos, por carecer de rigor y estar totalmente fuera de la realidad, reiterando que “República Dominicana siempre ha buscado el equilibrio entre proteger la soberanía y dar una respuesta humana”.

Al mismo tiempo, nuestro embajador en Washington, José Tomás Pérez, calificó esta resolución de “injusta y desconsiderada”, solicitándole a la CIDH retractarse, y señalando que para esa “Comisión no ha sido suficiente que el gobierno dominicano haya implementado uno de los programas migratorios más exitosos y equilibrados que nación alguna haya hecho, pues 240,000 nacionales haitianos fueron beneficiados con la legalización inmediata de su estatus migratorio y a cerca de 55,000 les fue otorgada la ciudadanía dominicana luego de un proceso de evaluación justo y transparente”.

El diplomático fue aún más lejos y demandó, formalmente, que la “CIDH retire sus acusaciones en contra de la República Dominicana y reconozca de una vez y por todas, el esfuerzo que ha hecho el gobierno dominicano en el establecimiento de un sistema migratorio que ha servido de ejemplo en América Latina y en el mundo”.

Algunos expertos sobre el tema opinan que la inclusión del país en este desquiciado listado tan inexacto y conscientemente injusto, es una especie de retaliación por parte de la OEA ante la actitud adoptada por República Dominicana frente a la intención de este organismo de aplicar la “Carta Democrática e imponer sanciones” a Venezuela.

Se recuerda que días antes de esta reunión, el senador de la Florida, Marco Rubio, amenazó con una retaliación de la asistencia económica que brinda su gobierno a nuestros países, y sin importarnos ese ultimátum simplemente República Dominicana y otros tres países no apoyaron esa resolución.

Según lo que parece, no importa cuántas veces invitemos a la CIDH a realizar “visitas in loco” a fin de comprobar la realidad en el terreno, como la que hizo del 2 al 5 de diciembre de 2013, tras la histórica sentencia del Tribunal Constitucional No.168-13.

Tampoco importa que el gobierno dominicano desarrolle un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros -con sus prórrogas-, un proceso único en el mundo. Un plan que representó un gran esfuerzo y sacrificio económico para los dominicanos, y que el mismo tuvo su “talón de Aquiles” en las propias autoridades haitianas, ante los escollos para dotar y entregar las documentaciones requeridas -a pesar de Haití comprometerse en múltiples oportunidades-, hace tan solo unas semanas iniciaron la entrega parcial de estos documentos, cuatro años después de lo acordado.

La realidad es que la CIDH, CARICOM, los supuestos amigos de Haití y sus autoridades, no han podido presentar una prueba, ni demostrar la alegada apatridia ejecutada por los dominicanos.

Porque la gran verdad, y todo el mundo lo sabe, es que la “falta de documentación” de miles de haitianos que se encuentran en territorio nacional, más el flujo de cientos de sus ciudadanos que entran a diario ilegalmente por nuestra frontera terrestre, sí constituye un verdadero problema migratorio, de nacionalidad y de soberanía para el Estado dominicano.

¿Por qué tanto hostigamiento en contra de una nación, que lo único que ha hecho y demostrado en el tiempo es su solidaridad ante las vicisitudes de la nación haitiana? Somos la única nación que le abre las puertas de sus hospitales a miles de enfermos y parturientas haitianas para atenderlos sin costo alguno, y que acoge en sus escuelas a los niños haitianos, a quienes les provee de uniformes, libros, zapatos y alimentación. El pretender convertir a República Dominicana en una especie de “país santuario” para albergar un pueblo que no tiene un futuro promisorio, que hasta la propia naturaleza parece haberse ensañado a su propia existencia, de un país olvidado por sus pseudos amigos y de una comunidad internacional que también olvidó sus promesas, sería, indudablemente, poner en peligro nuestra propia existencia, de desterrar y borrar la nación dominicana, que tanta sangre y sacrificios costó a nuestros fundadores.

No importa en cuántos señalamientos y nefastos listados seamos incluidos; todos los dominicanos sabemos en el corazón lo que hemos hecho por nuestros vecinos. La OEA-CIDH, con este informe, han demostrado que actúan con prejuicio más que con la verdad y la razón.

Todos sabemos que las “fronteras” se protegen y defienden con sus fuerzas militares o las instituciones creadas para tales fines, pero un principio geopolítico nos indica que la más eficaz y efectiva es aquella donde está siempre la presencia viva del Estado, pues al propiciar su desarrollo, economía e infraestructuras de las ciudades, municipios y poblados a lo largo de la misma, las convierte en un lugar sostenible y habitable para sus pobladores, que se constituirían en el mejor muro de contención que los dominicanos podemos tener.

Gracias a Dios, y a la pronta reacción del gobierno, esta vez los dominicanos no tuvimos que esperar 50 años para que la OEA reconociera otro de sus desafortunados e inaceptables errores. Para sorpresa de todos, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, ha admitido que, ciertamente, la CIDH incurrió en un “gravísimo error” porque acudió a informes completamente desactualizados para colocar a República Dominicana en el llamado capítulo IV de las normas de los derechos humanos.

En esta ocasión, pienso que debemos reconocer la firme postura del gobierno y el éxito de su reclamo, pero no alcanzo a comprender cómo ese organismo puede basar su informe en datos viejos, y menos aún, cómo unilateralmente su secretario general decide sobre la decisión de un “organismo autónomo”.

En verdad nos resulta un tanto sospechoso, y para despejar las dudas tendremos que esperar el próximo 22 de mayo, cuando nuevamente se reúnan los cancilleres de la región para tratar como único tema la situación de Venezuela, pues recordemos que nuestro país junto a El Salvador, Bahamas y Belice, se abstuvieron de “votar a favor” de la resolución aprobada por la OEA sobre la situación existente en ese país sudamericano.

Pienso, y creo como la mayoría de los dominicanos, que es hora para que nuestras autoridades gubernamentales dejen su pasividad, y de hacerse de la vista gorda en no aplicar los mecanismos constitucionales y jurídicos correspondientes para preservar y defender nuestro espacio vital donde vivimos los dominicanos, a fin de no perder nuestra identidad como nación, antes de que sea tarde. Si no hacemos lo correcto, podría ser un imperdonable error, pero esta vez nuestro.

El autor es miembro fundador del Círculo Delta fuerzadelta3@gmail.com