Punta Catalina
Atacan decreto crea comisión
El Tribunal Constitucional fue apoderado de dos acciones directas de inconstitucionalidad en contra del decreto número 6-17, emitido por el presidente Danilo Medina el 10 de enero de 2017, la cual creó una comisión para investigar el proceso de licitación y adjudicación de una Central Termoeléctrica en Punta Catalina, Baní.
Ese decreto fue impugnado ante el Tribunal Constitucional por los integrantes del Comité nacional de lucha contra el Cambio Climático, entre los que figuran Rafael Enrique de León Piña, Domingo Acevedo, Rafael David Montes de Oca, Demtetrio Turbí Ortíz, Carlos Sánchez Solimán, Dolores Paulina, Juanita Herrera y José Olivo Salazar.
El acto del Poder Ejecutivo también fue atacado, mediante otra acción directa de inconstitucionalidad, por Eliseo Báez de los Santos.
Ambas acciones serán conocidas hoy por el TC durante la audiencia pública.
Comisión La comisión creada por el presidente Medina está presidida por monseñor Agripino Núñez Collado, presidente del Consejo Económico Social y representante de la Iglesia Católica. La completan el pastor evangélico Jorge Alberto Reynoso Cabrera; el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Pedro Brache; y el empresario José Luis Corripio Estrada (Pepín).
También, el secretario general de la Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Gabriel del Río Doñé; el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán; Persio Maldonado, presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios; Celso Marranzini, exvicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE); César Sánchez, exadministrador de la CDEE, y Jaime Aristy Escuder, economista.
La construcción de dos plantas a carbón en Punta Catalina fue adjudicado a un consorcio integrado por la constructora brasileña Odebrecht, la italiana Tecnimont y la dominicana Ingeniería Estrella, por un monto de 2,040 millones de dólares.
Esa obra ha sido objeto de denuncias de sobrevaluación, luego que Odebrecht fuera sometida a un proceso de investigación y persecución en diferentes países por el pago de sobornos para conseguir contratos de obras millonarias, incluyendo la República Dominicana, donde admitió haber pagado 92 millones de dólares entre el 2011 y el 2014.
El Tribunal Constitucional ya ha rechazado otras instancias que procuraban la paralización de la obra. Mediante la sentencia TC/095/17, del 15 de febrero, rechazó una acción de amparo sometida por el Comité Nacional de Lucha en Contra del Cambio Climático en contra de la CDEEE.