Procuraduría abre investigación penal en contra de los tres jueces cancelados por faltas graves

El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, instruyó ayer a la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) de iniciar una investigación en torno a los tres jueces que fueron cancelados por el Consejo del Poder Judicial al ser encontrados culpables de cometer faltas graves en el ejercicio de sus funciones.

Domínguez Brito dijo dispuso la investigación y que espera que en el menor tiempo posible concluya la investigación criminal, para presentar acusación formal en contra de los Víctor Mejía Lebrón y Rosó Vallejo Espinosa, exjueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Departamento Judicial de Santo Domingo, así como el magistrado de la Segunda Sala del Juzgado de Trabajo de esa jurisdicción, José Dionisio Duvergé Mejía.

El jefe del ministerio público garantizó que llegarán hasta las últimas consecuencias en ese caso y que se pedirán las acciones penales acorde a los delitos cometidos.

“Los que tenemos la responsabilidad de hacer cumplir las normativas y que se establezca el imperio de la ley, estamos compelidos cada día más a trabajar con entereza, pulcritud y rigurosidad, teniendo como principio los valores éticos y profesionales” dijo Domínguez Brito en compañía de la titular del PEPCA, Laura Guerrero.

Valoró como positiva la decisión del Consejo del Poder Judicial de destituir a los tres jueces y dijo que la misma marca un paso de avance muy importante contra la impunidad y la indiferencia en los casos de corrupción.

Manifestó que esa sentencia es una respuesta muy acertada dentro del esfuerzo que está llevando a cabo el sistema judicial para garantizar una mejor administración de justicia.

Recordó que esos tres jueces fueron investigados por una solicitud que él mismo hiciera tres meses a tras al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, señalando que estos formaban una red que manejaba una mafia que se dedicaba a negociar sentencia para beneficiar a imputados acusados de delitos graves, principalmente relacionados a corrupción, narcotráfico y lavado de activos.