Motocicletas, medios clave para atracos

De cada 100 asaltos o robos callejeros que se efectúan en el país, 80 se realizan desde motocicletas, práctica que en los últimos meses ha ido tomando auge, a tal extremo que la gente teme salir a las calles a cualquier hora del día. El dato surge de estudios internacionales a nivel de Latinoamérica, y a nivel local, de los reportes que periódicamente ofrece la Policía Nacional, con la agravante de que en República Dominicana 54% del total del parque vehicular registrado son motocicletas, aproximadamente unos dos millones, a parte de las existentes que no aparecen registradas. El auge del uso de las motocicletas en América Latina para delinquir, en cuya escala República Dominicana ocupa los niveles más altos, ha llevado a que las naciones denominen la situación como “la peste que azota a los humanos en las calles”. El problema empeora cuando las propias autoridades de la Dirección General de Impuestos revelan que en el país al 2014 existían cerca de 600 mil motocicletas que no contaban con ningún tipo de registro. Esa falta de registro de un gran porcentaje de las motocicletas que circulan por las calles, entorpece las investigaciones que puedan hacer las autoridades para identificar a quienes las utilizan como medio de transporte para cometer robos, atracos y sicariato. En una de las ediciones de su revista institucional “Moderna”, la DGII señala en un reportaje que “más allá de la muerte por la falta de regulaciones y la no observación de reglas de seguridad, se suma a la epidemia una peste, “el uso de las motocicletas para delinquir”. Parque vehicular Al 28 enero de este año, en el país existía un registro de 1,946,594 de motocicletas, posiblemente la mitad de las que realmente existen y circulan por las vías, debido a que la mayoría no están registradas, ni en Aduanas, pero mucho menos en la Dirección General de Impuestos Internos. Las que no están registradas son ensambladas en el país con piezas que llegan a través de envíos y, por lo tanto, no cuentan con ningún tipo de regularización de parte de las autoridades. En el año 2014, la propia Dirección General de Impuestos Internos (DGII) publicó en su revista institucional “Moderna”, que cerca de 600 mil motocicletas circulaban por las calles sin la debida regularización. Preocupada por la situación, en ese año, la DGII inició con mucho entusiasmo, el Programa Nacional de Registro y Renovación de Placas de Motocicletas, mediante el cual sólo logró registrar o actualizar unas 131,000, cuyos propietarios acudieron a poner sus papeles al día. El total de motocicletas registradas, equivale al 53.9% del parque vehicular, a enero del 2016 ascendía a 3,612,964 vehículos. La cifra sólo incluye aquellos que han adquirido su primera placa, según datos del Departamentos de Estudios Económicos y Tributarios de la Dirección General de Impuestos Internos, publicados en la página web del organismo. De ese total, 17.1% está ubicado en el Distrito Nacional; 12.5% en Santo Domingo; 8.0% en La Vega; 6.24% en Santiago; 5.68% en San Cristóbal; 4.56% en San Francisco de Macorís; 4.52% en Montecristi y 4.02% en Higüey; mientras que el porcentaje restante está distribuido en las demás provincias del país. Las que aparecen registradas son aquellas importadas de manera legal y que, al pasar por las aduanas del país, son entregadas a sus dueños con todos los documentos requeridos, incluyendo la placa. Las demás circulan sin documentos y sin placas, porque son armadas por piezas, que, según informes, llegan en envíos desde los Estados Unidos y otras partes del mundo. La emisión de una placa para ese tipo de aparato mecánico por parte de Impuestos Internos sólo cuesta alrededor de cien pesos. Quienes se dedican a la venta de motocicletas sin regularizar, traen las piezas, las arman y se van a cualquier pueblo, montan una agencia, las venden a plazo y cuando ya han cobrado una gran parte del dinero acordado, se marchan sin resolverles a los clientes el problema de los papeles. El adquiriente, aunque se queda con varias cuotas sin pagar, entonces carga con el grave problema de que no tiene a dónde ir a buscar los documentos y queda obligado a transitar en la clandestinidad. Normalmente cuando la Policía detiene a un motociclista sin papeles le incauta el vehículo hasta que aparezcan, de ahí la versión de que los policías también andan sin documentos, porque las usan para hacer operativos. (+) LA MAYORÍA DE ACCIDENTES OCURRE EN ESTOS VEHÍCULOS Las constantes violaciones a las reglas de tránsito por parte de quienes utilizan las motocicletas para transportarse, debido a la facilidad que tienen de caber hasta por los callejones, aumenta considerablemente el número de accidentes, a tal punto que constituyen 63% de los que ocurren a nivel nacional. El dato oficial más reciente correspondiente al 2015, y revela que en ese período fueron registrados 6,996 accidentes de motocicletas, dejando como saldo 7,733 lesionados, 1,290 fallecidos y 9,023 víctimas. Estas cifras aumentaron con relación al año 2014 y, según informes preliminares, en el primer trimestre de este año los porcentajes son aún mayores. El programa de Reducción de Mortalidad por accidentes de Tránsito del Ministerio de Salud Pública establece en sus estadísticas del 2015 que en ese período se gastaron RD$472,718,498 en atención médica a los lesionados por accidentes de motocicletas. Según las estadísticas del programa que dirige el doctor Alberto Díaz, por cada accidentado de motocicleta que ingresa a una unidad de cuidados intensivos de cualquier hospital el Estado se debe invertir la suma de un millón 200 mil pesos. Salud Pública registró 73 mil 619 casos de lesionados por accidentes de motocicletas durante el 2015, según los reportes que recibió de los hospitales públicos . “El politraumatizado es paciente más costoso para el Estado, porque es el paciente que más días-cama dura en el hospital, además de que usa los materiales que más cuestan en un proceso de recuperación”, expresó Díaz. En los accidentes de tránsito de motocicletas el segmento de la población más afectada son los jóvenes con edades entre 15 y 34 años.

DELINCUENCIA

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