Las procuradurías enfrentan el crimen

La Procuraduría General de la Repúblicas cuenta con ocho procuradurías especializadas y cuatro unidades para descentralizar las acciones tendentes a combatir de manera más eficiente el crimen en sus diferentes manifestaciones.

A juicio de su titular Francisco Domínguez Brito las procuradurías especializadas y las unidades, persiguen y castigan los diferentes delitos y, a la vez, garantizan los derechos fundamentales y constitucionales de la población en general, así como de los privados de libertad.

Entre las procuradurías especializadas se encuentra una contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que dirige John Henry, la cual se encarga de la persecución del delito de las estructuras criminales que extorsiona, que espía y vulneran sistemas y ordenadores personales y quebrantan sistemas bancarios causándole pérdidas a la banca nacional e internacional, así como a la ciudadanía en sentido general, que resulta víctima de clonaciones de tarjetas.

También la procuraduría contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, que dirige Jonathan Baró Gutiérrez , la cual persigue el crimen de trata de personas, la explotación sexual, el turismo sexual, la pornografía infantil y el tráfico de migrantes.

Dentro de esa Procuraduría se creó la Unidad de Asistencia a Víctimas de Trata de Personas, que tiene como función dar asistencia legal y psicológica gratuita a las víctimas, destacándose, además, el rescate de 101 personas víctimas de este flagelo.

Igualmente la Procuraduría para el Control y Tráfico de Armas de Fuego, que preside el procurador adjunto José Alberto Jiménez Santos, la cual fue creada por la necesidad de buscar mecanismos de control en cuanto al tráfico y manejo ilegal de armas de fuego, práctica que de forma desafortunada ha aumentado en el país a pesar de las acciones puestas en ejecución por el Ministerio de Interior y Policía.

También la Procuraduría de la Salud, que dirige Rafael Brito Peña, la cual se encarga de la persecución del crimen de la falsificación de medicamentos y medicinas adulteradas, tema de gran importancia considerando el riesgo que implica el hecho de que la población que tiene la necesidad de encontrar alivio a sus dolencias, adquiera una medicación falsificada, vencida o adulterada.

De su lado, la Procuraduría Antilavado de Activos, que dirige Germán Miranda Villalona, fue creada con el fin de fortalecer las investigaciones y acusaciones de los casos de lavado de activos y otras infracciones graves, así como procurar las sanciones que corresponden a la luz de la Ley 72-02 sobre lavado de activos provenientes del tráfico ilícito de drogas y sustancias controladas.

La misma busca evitar la impunidad y garantizar que este tipo de crimen no afecte la economía nacional, centrados en la importancia que tiene dar cumplimiento a la política criminal de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos.

En tanto que la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), que dirige Laura Guerrero Pelletier, se encarga de perseguir los hechos de corrupción, principalmente todo manejo inadecuado con propósito de enriquecimiento por parte de los servidores públicos.

Asimismo, la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE), que dirige el magistrado Iván Lorenzo, fue creada por el decreto 107-09, por la necesidad de erradicar la cultura de fraude eléctrico en el país, toda vez que esta práctica generalizada en todos los extractos sociales, se constituyó en una pesada carga económica para el Estado.

La PGASE trabaja en coordinación cercana con la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), la Superintendencia de Electricidad (SIE), las Empresas Distribuidoras Edesur, EdeEste y Edenorte, así como las demás empresas que conforman el Sistema Energético Nacional.

Mientras, la Procuraduría Especializada Medio Ambiente, que dirige la magistrada Francia Calderón, ejerce la representación y defensa de los intereses del Estado y la sociedad en caso de violación de la Ley 64 del año 2000 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

La institución trabaja en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales y otras instituciones del Estado que inciden en la aplicación de la legislación ambiental, así como con la cooperación de las organizaciones e instituciones sin fines de lucro y juntas de vecinos.

También fue creada la Unidad de Análisis de la criminalidad, con el interés de que la misma pueda realizar análisis estratégicos y de casos que proporcionen información sobre el comportamiento del delito, elaborar mapeos delictivos y analizar patrones criminales, entre otros.

De igual forma, fue creada la Unidad de Custodia y Administración de Bienes Incautados, como una necesidad del establecimiento de un sistema coherente de recepción, registro, custodia, conservación y supervisión de los bienes incautados que garantice su vida útil mientras dure el proceso penal, para que los mismos, manteniendo su valor puedan satisfacer el mandato de su destino final.

La referida unidad es una dependencia del despacho del procurador Domínguez Brito, que tiene como función coordinar con todas las autoridades competentes vinculadas a hechos punibles que hayan sido secuestrados o incautados como consecuencia de la investigación.

Otra que fue creada es la Unidad de Derechos Humanos, la cual lleva casos de discriminación, tipificados en el artículo 336 del Código Penal Dominicano, cuya unidad ha realizado esfuerzos para lucha que afecta a los sectores vulnerables, como lo son la comunidad LGBTI, personas con discapacidades y adultos mayores.

La Procuraduría también creó la Unidad de Protección Animal, en virtud del artículo 30, Numeral 20 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, para hacer cumplir la Ley 248-12 de Protección Animal y Tenencia Responsable, del 15 de agosto del 2012.

También cabe destacar la creación de la Unidad de reinserción de Repatriados, con la cual la Procuraduría busca ir reduciendo la discriminación que sufren esas personas, no solo para su reinserción laboral y social, sino incluso dentro de sus entornos familiares.

FACULTAD ÓRGANO En el año 2010 el país adoptó una nueva Constitución, la cual trajo consigo grandes cambios en lo referente a la organización del Estado. Dentro de esos cambios se resalta el tratamiento que da la Constitucón al ministerio público, la cual da por primera vez fisonomía constitucional a ese organismo, definiéndolo como un órgano del Sistema de Justicia.

El artículo 169 de la citada Constitución establece que el ministerio público es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad.

En el año 2011 se aprobó la Ley 133-11 Orgánica del Ministerio Público, importante avance hacia el fortalecimiento de la institución, así como la reestruturación del modelo organizacional para hacer cada vez más eficiente el desempeño del rol de los fiscales, afianzando su autonomía tanto funcional como administrativa.