TRIBUNAL
Dejan libres a 7 militares acusados de traficar armas
VARÍAN A GRUPO LA PRISIÓN PREVENTIVA POR UNA GARANTÍA ECONÓMICA
Proceso. El magistrado Julio Armando Aybar dispuso variar la prisión preventiva a siete militares.
El juez del Tercer Juzgado de la Instrucción de la Provincia de Santo Domingo dispuso la libertad de siete militares acusados de ingresar al país unas 220 armas de fuego de manera ilícita mientras pertenecían a la Dirección de Material Bélico del Ministerio de Defensa.
El magistrado Julio Armando Aybar, al variar la prisión preventiva de los imputados, acusados de comprar el armamento en Estados Unidos para luego venderlo en República Dominicana a través una armería, le impuso el pago de una garantía económica de 300 mil y 600 mil pesos, a través de una aseguradora.
Los favorecidos con la libertad fueron el general de brigada de la Fuerza Aérea Dominicana, Bienvenido Cordero Batista, quien se desempeñaba como director general de Material Bélico; el teniente coronel del Ejército, Félix Francisco Pérez Artilles, encargado del Depósito de las Armas de Material Bélico, y el mayor del Ejército, Esteban Marrero Ruiz, enlace entre la Intendencia de Material Bélico y el Ministerio de Interior y Policía.
También el capitán del Ejército, Francisco Mercedes Medrano, encargado de archivo y confección de las tarjetas y formularios de entrada de armas de fuego a la Intendencia de Material Bélico, y el teniente de la Policía, José Miguel Torres Rodríguez, encargado de las armas de fuego de la Policía Nacional que están en la Intendencia de Material Bélico. Igualmente el coronel del Ejército, Pedro Manuel Guzmán Escarramán, propietario de una armería que supuestamente se encargada de introducir al país y comercializar en el mercado todas las armas que se encontraban en los formularios alterados; así como al primer teniente del Ejército, Edwin Rafael Almonte Camacho, asistente del director General de la Intendencia de Material Bélico.
Se recuerda que en febrero pasado los siete imputados fueron enviados a prisión por un año, como medida de coerción, por el Tribunal de Atención Permanente de esa jurisdicción al acoger un pedimento presentado por el ministerio público.
Conforme con la acusación del Ministerio desde el 2012 se estaban emitiendo muchos permisos nuevos para armas de fuego, especialmente de marcas costosas, como la Glock y Sig Sauer, cuyo costo en el mercado es de trescientos mil pesos, a pesar de la veda existente para la importación de todo tipo de armas de fuego mediante el decreto número 309-06.