Alguaciles mueven RD$4,000 MM anual

Un proyecto de ley elaborado por la Asociación Dominicana de Alguaciles (ADA) propone institucionalizar las ejecuciones judiciales, con la creación de una Dirección General de Ejecuciones, como un órgano operativo del Consejo del Poder Judicial, con el objetivo de satisfacer la función constitucional del Poder Judicial de hacer cumplir lo juzgado. El proyecto surge a partir de los cuestionamientos a ese sector por irregularidades en el servicio.

Una investigación realizada por la ADA determinó que al año las notificaciones judiciales mueven 4,800 millones de pesos, que escapan al control de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), que nombra a los alguaciles.

En el 2015 en el país se hicieron 6,884,860 notificaciones de actos, por un costo promedio de 700 pesos, monto fijado y cobrado por los alguaciles, 5,163,645 en materia civil y 1,721,215 en la penal.

“Nosotros nos propusimos transparentar ese proceso”, afirmó Álvaro Caamaño Díaz, director ejecutivo de la ADA, durante una visita al director de LISTÍN DIARIO, Miguel Franjul, a quien entregó el proyecto de ley junto con el presidente de la ADA, Hipólito GirÚn Reyes, y la asesora técnica, Luz Milagros Núñez.

Reenvíos

El 50 por ciento de los reenvíos de los casos judiciales se produce por falta de notificación, según directivos de la ADA.

Caamaño Díaz precisó que con la estructura que proponen por ley se crea una vinculación institucional de control, porque los alguaciles harán los actos que les asignen.

“Hemos hecho esta plataforma, entendiendo que junto con la ley 140-15, del notariado, le dará más garantía a los procesos y especialmente a los usuarios”, afirmó Girón Reyes.

Sostuvo que se lograría una mejoría sustancial en el servicio de los alguaciles, porque a los auxiliares de la justicia se les devuelve sus facultades principales y a la vez recuperan la credibilidad y el respeto ante la sociedad. La tarifa del servicio será fijada por el Consejo del Poder Judicial (CPJ).

Los recursos económicos ingresarán a la SCJ, a través de la Dirección Nacional de Alguaciles que propone el proyecto, que tendrá bajo su cargo varios departamentos, incluyendo uno de fuerza pública.

Destino

El 65 por ciento de los fondos serán destinados al pago del personal y al mantenimiento de la infraestructura; 20 por ciento al pago de salario y compensaciones; 5 por ciento a la Escuela Nacional de la Judicatura para la capacitación; 5 por ciento para incentivo de los alguaciles, y 5 por ciento para un fondo social.

Aspiran a que el alguacil tenga una garantía institucional y una protección social. El 66% de los 1,605 alguaciles son ordinarios, y no reciben salario de la SCJ, diferente a los de estrados, que son remunerados.

El alguacil tendría un sueldo de 50,000 pesos. Caamaño Díaz percibe que la mayoría de los alguaciles reciben ingresos por más de 100 mil pesos, pero entiende que tienen un conflicto de administración personal. Dice que el alguacil tendrá que ir a la oficina en la mañana a buscar su asignación de trabajo y a las cuatro de la tarde volver a entregar un reporte.

DELITO SANCIONARÁN AGRESIONES

El presidente de la ADA, Hipólito Girón Reyes, señala que el proyecto contempla una serie de tipos penales que protegerán al alguacil, entre ellos la agresión y el soborno, que serán sancionados.

INGRESO MEJORÍA DE LOS SALARIOS

El director ejecutivo de la ADA, Álvaro Caamaño Díaz, precisó que 66% de los alguaciles son ordinarios, y no reciben salario de la SCJ, diferente a los de estrados, que sí son remunerados, con un sueldo de 13,000. Sostuvo que con el proyecto de ley que depositaron en la Presidencia de la Cámara de Diputados, el alguacil tendría un sueldo base de 50,000 pesos.

(+) PROPUESTA BUSCA SUPERAR DEBILIDADES

El proyecto fue depositado en la Cámara de Diputados, a través de la Presidencia, que prometió introducirlo en la próxima legislatura. El interés es concitar el respaldo de todos los partidos y organizaciones de la sociedad civil para que sea una propuesta consensuada.

Caamaño Díaz precisó que el 10 de febrero la Fundación Institucionalidad y Justicia la presentará en su mesa de transparencia, lo cual entiende le da la fortaleza técnica, aunque reconoce que para lograr su aprobación se necesita la voluntad política.

Señaló que el proyecto surge a raíz de la crisis del sector que generó le quitaran las facultades como ejecutores, lo que motivó la realización de un congreso para analizar la problemática. En ese evento identificaron las debilidades, pues entendieron que no era fortuito.

Caamaño Díaz subrayó que identificaron una serie de debilidades desde la perspectiva del ciudadano e institucional.

A partir de ahí elaboraron la propuesta legislativa que ha sido consensuada con diferentes sectores cívicos y políticos, con el propósito de resolver toda la problemática del área.

“Tenemos que acabar con las prácticas dolosas”, afirma el director ejecutivo. Dijo que para ejercer el rol de alguacil se exigirá ser abogado, y aquellos que no lo sean tendrán cinco años para titularse.