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GUATEMALA

Presidente de SCJ expone en foro juicios para mejorar la seguridad

Magistrado. Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial.

Magistrado. Mariano Germán Mejía, presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), Mariano Germán Mejía, advirtió que nuevas modalidades infraccionales marchitan permanentemente la seguridad, como son el consumo y tráfico de sustancias prohibidas, los delitos contra la filiación y la nacionalidad.

El magistrado comentó que para la justicia, la seguridad jurídica tiene un doble significado, que es el valor jurídico y el ético frente a manifestaciones de violencia que desbordan los límites soportables.

Durante su participación en el “Primer Encuentro sobre el futuro de la justicia en Mesoamérica: prioridades y metas”, organizado por la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), Germán Mejía dijo que esas manifestaciones son aumento de las infracciones de violencia contra las personas, delitos económicos (robos, estafa, abuso de confianza), porte y tenencia de armas de fuego, el consumo y tráfico de sustancias prohibidas.

Citó también los delitos contra la filiación y la nacionalidad, los delitos de alta tecnología, el crimen organizado -sicariato-, la violencia de género y por razones étnicas, la corrupción, el blanqueo de capitales, el lavado de activos y el terrorismo.

Asimismo, el magistrado destacó una serie de medidas para solucionar el problema de la inseguridad en los países de la región, entre los que figuran una justicia oficial más inclusiva, una declaratoria de imprescriptibilidad de ciertas infracciones graves, sistema especializado de justicia para caso de género, de discapacidad y niños, niñas y adolescentes.

Otras de las soluciones planteadas es el aumento de las penas, nuevas modalidades de su aplicación, leyes, más diálogo y mediación, pactos sociales y más protección a las víctimas.

También más inclusión social, políticas de prevención, políticas judiciales con un mejor acercamiento a la población, aplicación de las nuevas tecnologías en la lucha contra nuevas manifestaciones infraccionales y desarrollo de los medios alternativos de resolución de conflictos, entre otros.

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