El Tribunal Constitucional estableció que el ministerio público tiene la obligación de otorgar la fuerza pública que fuere necesaria para garantizar la ejecución de una sentencia.

Consideró que el otorgamiento está condicionado a que la sentencia que se pretenda aplicar tenga fuerza ejecutoria. El TC se basó en el artículo 545 del Código de Procedimiento Civil (CPC), el cual establece en un párrafo que “Sin perjuicio de las demás atribuciones que les confieren las leyes, es obligación general de los representantes del ministerio público, de los alguaciles y de los funcionarios a quienes está encomendado el depósito de la fuerza pública a prestar su concurso para la ejecución de las sentencias y actos que conforme a este artículo estén investidos de fuerza ejecutoria, siempre que legalmente se les requiera a ello”.

La primera parte del artículo 545 del CPC precisa que “tienen fuerza ejecutoria las primeras copias de las sentencias y otras decisiones judiciales y las de los actos notariales que contengan obligación de pagar cantidades de dinero, ya sea periódicamente o en época fija; así como las segundas o ulteriores copias de las mismas sentencias y actos que fueren expedidas en conformidad con la ley en sustitución de la primera”.