Obispo y 19 sacerdotes opuestos a explotación de mina de oro en SJM
El obispo de San Juan, monseñor Tomás Alejo Concepción, y 19 sacerdotes de las provincias Azua, San Juan y Elías Piña advirtieron al presidente Luis Abinader sobre “las consecuencias nefastas para la salud y la vida de esta zona del país”, de ejecutarse la explotación minera en el Proyecto El Romero, por la empresa canadiense Goldquest, oponiéndose, en efecto, a que el mandatario autorice esa pretensión.
“Queremos hacerle un llamado oportuno al excelentísimo señor Presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, de que se abstenga de otorgar el permiso de explotación minera de El Romero, cuyo interés está en las entrañas hambrientas de oro de la Empresa Minera GoldQuest, a costa de la vida y salud de una región”, advierten los párrocos católicos en un documento.
Esta posición de las autoridades católicas fue leída por el sacerdote Santo Cabral Luciano, de la parroquia Espíritu Santo, del barrio El Córbano, y el documento está firmado también por los padres Bernardo Peralta Florián, Carlos Peralta Florián, Sandro Jiménez, Jeisis Pérez, Moisés Corcino Valenzuela, y el padre Manuel Segura.
También firman el manifiesto los sacerdotes Salvador Amauri Beltré; José de los Santos Castillo, Javier Guativa, Francisco Javier de la Rosa, párroco San pedro Apóstol, El Cercado; José Antonio Álamo, párroco Nuestra Señora de La Altagracia, de Juan de Herrera, y el padre Pedro Mateo Valdez, de la Divina Misericordia, en San Juan.
Igualmente estampan el documento en contra de la minera Goldquest los padres Mártires Gracia D´ Oleo, Gabriel Delgado, Ramón Emilio del Rosario Adames, Feliciano Méndez Gerónimo, Fresnel Ancina y Melanio Colas González.
Señalan los religiosos que la Constitución ordena a los poderes públicos a proteger las cuencas altas de los ríos y la biodiversidad, y que su artículo 15 establece que “el agua constituye un patrimonio nacional y estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.
El consumo humano tiene prioridad sobre cualquier otro uso. El Estado promoverá la elaboración e implementación de políticas efectivas para la protección de los recursos hídricos de la Nación”.