ELECTRICIDAD
CDEEE destaca labor de empuje a proyectos
Ponencia. Rubén Jimenez Bichara expone ante Cámara Minera.
El vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, Rubén Jiménez Bichara, afirmó que mediante el establecimiento de reglas claras e iguales para todos, las autoridades han logrado impulsar el desarrollo de proyectos de energías renovables, garantizando una reducción significativa en los precios de compra de la electricidad que producen.
El ejecutivo sostiene que en los cuatro primeros meses de este año fueron inaugurados tres proyectos renovables con una capacidad de generación de 110 megavatios. Estos son Larimar, de 30 megavatios; Monte Plata Solar, de 50 megavatios, y San Pedro Bio Energy, de 30 megavatios, en una primera etapa, pero que será ampliado hasta 80 megavatios.
Señaló que los actuales contratos son intransferibles, los promotores de los proyectos no los pueden vender y además tienen que depositar una fianza ejecutable como garantía de que van a desarrollarlo, y si no cumplen la garantía se ejecuta y el contrato se cancela.
Jiménez Bichara ofreció los detalles durante una charla que dictó a los miembros de la Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana (CAMIPE), donde habló sobre el plan estratégico que ejecuta la CDEEE para enfrentar los problemas del sector eléctrico, haciendo énfasis en la ampliación y diversificación de la matriz de generación y en la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
Explicó que al inicio de la actual gestión había proyectos renovables que tenían hasta 15 años sin ejecutarse a pesar de tener contratos de compra de energía con la CDEEE.
“Nosotros teníamos proyectos de renovables que tenían hasta 15 años con contratos y ninguno se había ejecutado. Lo que hemos hecho es una política de precios. No discutimos separadamente con los sustentadores de proyectos. Hicimos una política de precios igual para todos”, explicó.
Dijo que tanto en el caso de la energía fotovoltaica como la eólica tienen un precio de inicio y un precio tope.
Manifestó que a todos los proyectos que estaban engavetados se les dio una oportunidad para que en un plazo de 18 a 24 meses fueran ejecutados, y a quien no lo hacía se le anulaba el contrato, “entonces, en un futuro podíamos darle paso a las licitaciones, pero quisimos darles una última oportunidad”.