Confianza y coherencia

Vivo en una casa de block. Cada día me desplazo en automóvil hacia mi trabajo. Uso electricidad generada en buena medida con combustibles fósiles. Utilizo un teléfono móvil, una computadora, cables, tuberías, electrodomésticos, cemento y acero. Cada uno de estos bienes depende de minerales extraídos en algún lugar del mundo y transformados para facilitar mi vida cotidiana.

Sería incoherente exigir a la minería estándares imposibles mientras continúo disfrutando de los bienes y servicios que ella hace posibles. Queremos desarrollo sin extracción, infraestructura sin canteras y energía sin impacto. Pero en economía —y probablemente también en la vida— todo es un intercambio.

Los economistas lo llamamos costo de oportunidad. Cuando explotamos un recurso no renovable hoy, utilizamos un activo que no estará disponible mañana. Exactamente lo mismo pasa cuando el Estado toma deuda pública: obtiene recursos hoy para ser pagados en el futuro. Disfrutamos hoy y trasladamos costos o responsabilidades hacia futuras generaciones.

La cuestión relevante no es si debemos o no explotar minerales o tomar deuda sino de si hay compensación intergeneracional. Los beneficios sociales de las minas deben superar los costos ambientales y sociales generados: los ingresos fiscales deben invertirse con rigor y transparencia, y los daños ambientales deben prevenirse, mitigarse y remediarse de manera verificable.

En el caso de la deuda, el efecto es positivo solo cuando se invierte en infraestructura, educación o salud y, además, cuando estos activos de verdad generan el retorno social que permite pagar esa deuda sin empobrecer al país.

En la República Dominicana, tanto la deuda como la minería enfrentan oposición significativa, no necesariamente porque se rechace el desarrollo, sino porque existe desconfianza. Muchos dudan de que los recursos obtenidos se traduzcan en capital productivo o en bienestar duradero. Otros temen que los compromisos ambientales queden en el papel.

El problema es institucional. Es un problema de confianza. La confianza descansa sobre un pilar esencial: la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es vital en todo proceso de esta naturaleza. Sin reglas claras, estables y aplicadas con imparcialidad, no hay inversión responsable ni supervisión creíble. No solo para la inversión, que requiere garantías de que las reglas no cambiarán arbitrariamente después de haber comprometido su capital. También las comunidades necesitan certeza de que recibirán parte de la riqueza, las normas ambientales se cumplirán y que los daños serán reparados. Las empresas. El Estado debe demostrar que puede regular con firmeza y consistencia, sin improvisaciones ni discrecionalidad.

La próxima ley minera puede convertirse en una oportunidad histórica para fortalecer esa confianza. Si establece estándares ambientales técnicamente exigentes pero realistas, mecanismos transparentes de distribución de ingresos, fondos obligatorios de remediación y procesos de supervisión creíbles, contribuirá a cerrar la brecha de desconfianza. Una buena ley no elimina el conflicto, pero ordena el debate dentro de reglas previsibles y estables en el tiempo. La construcción de confianza también requiere instituciones creíbles.

El rol del estado es indelegable pero la participación de universidades, centros de investigación y la Academia de Ciencias de la República Dominicana, que han ganado legitimidad como voces técnicas independientes, incorporadas formalmente a procesos de evaluación, monitoreo y seguimiento fortalecería la transparencia y elevaría la calidad de las decisiones públicas.

No podemos exigir prosperidad sin aceptar las realidades que la hacen posible. Pero tampoco debemos aceptar explotación sin responsabilidad. La coherencia exige reconocer nuestra dependencia de los recursos naturales. La confianza exige instituciones fuertes, supervisión efectiva y seguridad jurídica. Sin coherencia, el debate es hipócrita. Sin confianza, el desarrollo es inviable.