Senasa: el escándalo que debe derramar el vaso de la corrupción
Durante los últimos años, SENASA fue exhibido por el gobierno como uno de los mayores logros de su gestión. Su crecimiento acelerado fue presentado como una conquista social sin precedentes: millones de nuevos afiliados, mayor cobertura y un sistema que supuestamente protegía a los más vulnerables.
Sin embargo, hoy esa ampliación demanda una pregunta incómoda pero inevitable: ¿Fue esa expansión el fortalecimiento del sistema de salud o la plataforma que facilitó un entramado histórico, personificando lo más depravado de la ignominia gubernamental?
Es axiomático que, mientras más afiliados ingresaban al sistema, mayor el flujo de recursos bajo administración, y que más contribuyentes significaban más acceso a fondos públicos. Y cuando el volumen de dinero crece de manera exponencial, la obligación de supervisión, control y transparencia debe ser superlativo. En consecuencia, este caso debe interpretarse en el marco de un desarrollo que pudo haber servido de plataforma para un esquema de enorme magnitud.
Esto no es un debate técnico ni burocrático; es, ante todo, una tragedia humana. Se han ido multiplicando los testimonios de pacientes que acudían a las farmacias para luego enfrentarse a la angustia de no poder obtener sus medicamentos. Otros vieron interrumpidos tratamientos y procedimientos vitales, mientras muchos abandonaron el sistema, vencidos por la desesperanza. En enfermedades graves como el cáncer, suspender el tratamiento no es simplemente un trámite administrativo: puede ser la diferencia entre la vida y la muerte.
Diversos grupos han documentado fallecimientos con posibles vínculos a estas irregularidades, y el Ministerio Público tiene la obligación de investigar si derivaron en muertes evitables. La ciudadanía debe acompañar este proceso, y las víctimas y sus familiares también tienen la responsabilidad de inmiscuirse.
Esta participación no solo fortalecería el curso de las investigaciones, sino que abriría la puerta a instancias internacionales si fuese necesario. Ante la gravedad de estos hechos, el silencio no es una opción: es complicidad.
Asimismo, la magnitud del escándalo obliga a exigir transparencia absoluta al más alto nivel del poder. Es notorio que el exdirector de SENASA mantuvo una estrecha cercanía con Luís Abinader, aportando recursos significativos a la campaña del 2020, derivados del sector externo. Estos vínculos hacen imprescindible que el Presidente aclare categóricamente si recibió o no aportes provenientes de esta estructura fraudulenta para el 2024, así como los montos involucrados. Cualquier contribución de esta naturaleza obligaría a una serie de consideraciones tanto por parte de la justicia como del Poder Ejecutivo.
Del mismo modo, la vicepresidenta, en su rol como directora del Gabinete de Salud, debe explicar cómo un fraude de esta magnitud pudo desarrollarse sin ser detectado por un consejo que fue concebido precisamente para coordinar, supervisar, y garantizar la integridad de las políticas públicas de salud. Las anomalías denunciadas denotan como mínimo, un fracaso total en materia de control y vigilancia, y abren espacio a interrogantes que solo una investigación transparente y profunda puede despejar.
La dimensión monetaria del caso también exige respuestas de la Superintendencia de Bancos y la Contraloría General. Un modelo despilfarrador de esta magnitud habría implicado movimientos de cifras extraordinarias a través del sistema financiero, pagos a médicos, laboratorios y múltiples negocios vinculados al sector. Si esto ocurrió sin levantar alertas, estas instituciones quebrantaron gravemente sus funciones y le fallaron a los dominicanos que dependían del seguro. A esto se le suma la respuesta insuficiente y poco eficaz del gobierno, sin explicaciones, responsabilidades, ni destituciones ante un escándalo de esta dimensión.
Tampoco podemos ignorar la complicidad profesional. La medicina está fundamentada en el juramento hipocrático de proteger la vida y actuar en beneficio del paciente. Si se comprobara la participación consciente de profesionales de la salud en prácticas perjudiciales, corresponderían sanciones disciplinarias severas, incluida la suspensión o pérdida de licencias. La confianza entre médico y paciente es uno de los pilares esenciales de toda sociedad, y el peso de garantizar esa integridad, recae sobre el Ministerio Público que dirige esta pesquisa.
En el ámbito internacional, la gravedad del caso adquiere otra dimensión, catalogando como crímenes de lesa humanidad aquellos actos cometidos como parte de un ataque sistemático contra la población, incluyendo la privación de derechos fundamentales que atenten gravemente contra la salud. Las informaciones que desde ya recogen los expedientes del Ministerio Público incuestionablemente acreditan una acusación bajo esta tipificación penal.
En ese contexto, el compromiso con el derecho internacional se convierte en una herramienta poderosa y una presión decisiva sobre la justicia. Es una oportunidad histórica de empoderamiento, interpelando aplicar todo el peso de la ley a los responsables de esta estafa tan ciclópea y cruel. Esto requiere a la ciudadanía transformarse en veedora permanente y a las familias afectadas en actores civiles del proceso. Solo un pueblo unido y vigilante, podrá impedir los intentos de desarticular la búsqueda de justicia.
Este escándalo debe ser la gota que no solo derrame el vaso de la corrupción, sino que lo rompa definitivamente, el punto de quiebre histórico que obligue a una condena ejemplar, marcando un antes y un después en la lucha contra este mal endémico. Es el momento de compeler una respuesta proporcional a la gravedad de los hechos y un veredicto firme, contundente y sin concesiones. Que este suceso se convierta en precedente definitivo de intolerancia, con un mensaje determinante: cuando la vida y la salud del pueblo están en juego, la impunidad no tiene cabida.