El silencio que excluye
El artículo de Yadimir Crespo, publicado en Listín Diario, Santo Domingo, el 21 de enero de 2026, revela una realidad inquietante del Sistema Educativo Dominicano, especialmente en la educación superior: numerosos docentes imparten clases sin saber que entre su alumnado hay estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas específicas. Este hecho no es anecdótico; por el contrario, es estructural y exige respuestas políticas, pedagógicas e institucionales claras.
En las aulas universitarias conviven estudiantes con Trastorno por Déficit de Atención, Trastorno del Espectro Autista, dificultades del lenguaje, Dislexia, Discalculia o Ansiedad escolar. Muchas de estas condiciones no son visibles; sin embargo, influyen directamente en la atención, el rendimiento académico y la regulación emocional. Cuando no se reconocen ni se acompañan, el riesgo no es solo el bajo desempeño, sino la exclusión silenciosa y la frustración acumulada.
Ahora bien, el respeto a la privacidad del estudiante, legítimo e irrenunciable, no puede convertirse en excusa para la desinformación docente. Proteger la intimidad no implica abandonar al profesorado a la improvisación. Por el contrario, exige ofrecer orientaciones pedagógicas claras, ajustes razonables y protocolos institucionales que permitan enseñar con justicia y responsabilidad, sin necesidad de divulgar diagnósticos clínicos.
En este contexto, conviene afirmarlo con claridad: el docente no es el problema. Lejos de actitudes discriminatorias, muchos profesores expresan temor a equivocarse, inseguridad profesional y falta de formación. En consecuencia, el docente es parte de la solución, pero necesita formación sistemática, respaldo institucional y criterios claros para actuar con competencia y serenidad. Sin estos apoyos, la buena voluntad no basta.
El Sistema Universitario Dominicano, además, está desigualmente preparado. Existen islas de excelencia en un mar de improvisación. Algunas instituciones han desarrollado oficinas de inclusión, planes de ajustes razonables y formación docente continua; otras, en cambio, carecen de protocolos básicos. Esta desigualdad profundiza las brechas y deja la inclusión librada al azar.
Por su parte, el Estado muestra avances parciales, como estudios diagnósticos y redes interuniversitarias. No obstante, sigue faltando una política nacional obligatoria, articulada y verificable que garantice la atención a estudiantes con discapacidad en todas las instituciones de educación superior. La inclusión no puede depender solo de la voluntad de cada universidad.
El desafío es impostergable. El gobierno debe liderar una estrategia nacional que integre formación docente, protocolos de observación y derivación, coordinación con salud y participación de las familias. Incluir no es bajar estándares; es crear condiciones justas para aprender.
Educar no es únicamente transmitir contenidos. Es cuidar la mente y el corazón. Cuando el Sistema calla o improvisa, también excluye. Una educación verdaderamente humana no puede permitirse ese silencio.
Esta reflexión interpela de manera directa a las autoridades educativas a pasar del diagnóstico reiterado a la acción concreta, sostenida y evaluable. Sin políticas claras, recursos suficientes y una formación docente continua y pertinente, la inclusión seguirá siendo una promesa incumplida. Gobernar también es cuidar a quienes aprenden y a quienes enseñan, garantizando equidad, dignidad y oportunidades reales para todos en el Sistema Educativo Nacional Dominicano, una tarea impostergable que exige decisiones hoy, no mañana.