Reforma policial imparable: hacia un nuevo marco legal para consolidar la transformación
El proyecto de ley orgánica de la Policía Nacional presentado por el Gobierno al Poder Legislativo y que impulsa la tercera ola de la reforma policial del Presidente Luis Abinader, no es solo una pieza legislativa sino una institución inclusiva clave para el desarrollo del país, en los términos que nos recuerdan James Robinson y Daron Acemoglu, Premio Nobel de Economía 2024, cuando afirman que son las instituciones inclusivas las que inciden en la prosperidad de los países con reglas claras de funcionamiento y servicios públicos de calidad.
Por lo tanto, este proyecto es el marco legal que busca reformar el modelo de policía actual con la incorporación de las mejores reglas, modelos y prácticas de gestión pública atendiendo a la visión de un Estado moderno, profesional y, sobre todo, generador de confianza.
En esta clave sobre el buen funcionamiento de las instituciones y los factores que inciden, quise retomar algunas de las valiosas preguntas que muchos ciudadanos se hacen por estos días sobre el proyecto de ley: ¿Por qué otra ley si ya existía la Ley 590-16? ¿Acaso no se implementó? ¿Necesita la Policía una nueva ley para hacer los cambios que debe realizar? ¿Logrará una transformación real?
Lo primero que debo decir es que la Ley 590-16 no corrigió las distorsiones estructurales en la carrera, ascensos, entrenamiento, desigualdades salariales, sostenibilidad pensional ni la modernización del servicio de policía y patrullaje. Por lo tanto, es fundamental una nueva ley orgánica que asuma los temas de fondo no resueltos, en la cual se introduzcan nuevas reglas para la modernización integral de la Policía y que facilite la sostenibilidad del nuevo modelo de servicio de policía, que ya se puso en marcha con la nueva identidad e imagen durante la segunda ola de reforma (2024 – 2025), en paralelo con la meta presidencial de incorporar y formar mejor 20 mil nuevos agentes al año 2028.
El proceso de elaboración del proyecto fue riguroso y serio. Tomó cerca de dos años de trabajo sistemático que incluyó diagnósticos, análisis comparado, consultas ciudadanas, diálogo con policías de todos los rangos y numerosas mesas técnicas con instituciones del Estado. Fue un ejercicio plural, democrático y participativo que integró la visión y lineamientos del presidente de la República y la ministra del Interior y Policía, la Comisión Legal, la Junta Directiva para la Reforma Educativa y el Consejo Consultivo para la Reforma Administrativa, la Policía Nacional, FINJUS, y expertos nacionales e internacionales. De manera especial, contó con el acompañamiento técnico de la Superintendencia de Pensiones SIPEN para sentar bases sólidas en la sostenibilidad de la carrera y del régimen de pensiones.
Las nuevas reglas que propone el proyecto son de alto impacto. El modelo de servicio público de policía y patrullaje se convierte en el eje central, se exige una estructura organizacional y una gerencia policial moderna que permita incidir en los problemas reales de cada comunidad. Se establece un sistema de carrera sustentado en el mérito y la profesionalización de la actuación policial, con tres trayectorias claras —agentes patrulleros, mandos intermedios y directivos— acorde con el estándar internacional y la meta al 2028: que el 45 % del personal esté en funciones de patrullaje.
La profesionalización se consolida con la reforma del Instituto Policial de Educación Superior IPES y la creación del Centro de Estándares de la Profesión Policial, adscrito al Ministerio de Interior y Policía, encargado de evaluar y certificar competencias clave para todos los policías. El bienestar policial pasa a ser política pública: incentivos económicos por responsabilidad y riesgo, salud mental, acondicionamiento físico y un fondo especial de pensiones sostenible. En materia de transparencia, se reforma el régimen disciplinario con garantías para los ciudadanos y policías, y el modelo de Asuntos Internos como pieza clave en la lucha contra la corrupción.
No es casual que el 35,42 % de las nuevas disposiciones se concentren en el talento humano, el 25 % en la gestión administrativa y financiera, el 22,92 % en ajustes normativos y el 16,67 % en la capacidad operativa. La reforma va al corazón del problema.
La nueva ley prevé una implementación gradual en los próximos años, con gobernanza clara y equipos técnicos responsables. Esta tercera ola representa una oportunidad y un reto histórico para superar barreras estructurales y ofrecer a la ciudadanía una Policía Nacional moderna, profesional e íntegra. La transformación está en marcha y, esta vez, tendría cimientos legales sólidos.
El autor es Comisionado para la Reforma de la Policía Nacional