La empatía no reduce

La mayoría de las personas siente que una nube gris se extiende sobre el suceso que dio al traste con la vida de una menor haitiana estudiante de un colegio privado de Santiago de los Caballeros, al tiempo que se tejen acerca de la tragedia mil y una conjeturas e hipótesis que van desde las posibles causas del hecho hasta la forma en que ocurrió, pasando por la denuncia de una actitud de franco silencio por parte de las autoridades responsables del adecuado abordaje del problema, esto es, el Ministerio de Educación y el propio Ministerio Público.

Y es verdad que el Ministerio de Educación y el Ministerio Público no están obligados, el primero, a tomar medidas sancionatorias hasta tanto no se haya determinado con certeza una conducta negligente del centro educativo en cuestión, y el segundo, a dar una respuesta ajena a la de realizar las pesquisas necesarias a fin de decidir a quién, cómo y cuándo acusar si a ello hay lugar. Con todo, lo que sí es preciso, es que ambas instituciones den la cara, primero a los deudos de la niña fallecida, y luego, a la sociedad que, en su papel de control social, mantiene los ojos puestos sobre ambas a la espera de verlas jugar el rol que les corresponde.

En otras palabras, comoquiera que vivimos “la sociedad de la información”, las mencionadas autoridades tienen el deber moral y legal de mantenerse cercanas a los familiares de la menor y a la sociedad misma suministrando informaciones creíbles acerca de lo ocurrido, mediante un sano ejercicio de empatía que haga sentir a estas que no están solas, que el Estado las está acompañando en su dolor y la inseguridad derivados del suceso. Son muchas las cosas que se pueden hacer para proyectar una imagen de compromiso con las víctimas y la sociedad toda.

No habría que hacer algo del otro mundo para que nos sintamos acompañados. De haber sido el ministro de Educación, yo ya me hubiese presentado personalmente en el centro educativo, dispuesto una investigación no interferente con la del Ministerio Público, y luego iría a la casa de la menor, a demostrarles a sus padres que no están solos.

De haber sido representante del Ministerio Público, sin interrumpir las pesquisas, también hubiera hecho lo mismo en relación, tanto con el colegio como con los padres de la menor. El Estado hay que aprenderlo, y ser funcionario demanda esa actitud de empatía que, en vez de reducir, eleva.