Pagar hoy para no quedarnos a oscuras mañana
La emisión del primer bono verde soberano de la República Dominicana en 2024 mostró que el mercado responde cuando la señal política y la estructura son creíbles. Pero disponer de capital no basta: el desafío es transformar esos recursos en proyectos que reduzcan la vulnerabilidad real del sistema eléctrico – microredes en hospitales, almacenamiento detrás del medidor, centros de carga comunitarios – y hacerlo con instrumentos que minimicen el riesgo y aceleren la ejecución.
El problema es doble. Por un lado, la infraestructura eléctrica está cada vez más expuesta a eventos climáticos extremos y cortes prolongados. Por otro, la arquitectura financiera y regulatoria actual no premia suficientemente la inversión en resiliencia.
Si el objetivo es evitar los costos sociales y económicos de apagones prolongados, es imprescindible movilizar capital público y privado mediante mecanismos que reduzcan la percepción de riesgo y faciliten la bancabilidad de proyectos pequeños y medianos.
Instrumentos que funcionan (y cómo aplicarlos en la República Dominicana)
Bonos temáticos (green / resilience bonds – bonos verdes / de resiliencia). Los bonos temáticos ofrecen escala y condiciones competitivas en el mercado de capitales. Para que tengan impacto en resiliencia deben contar con criterios de elegibilidad claros (almacenamiento, microredes para infraestructura crítica, centros de carga comunitarios) y mecanismos de trazabilidad y verificación que vinculen la emisión con proyectos medibles y auditables.
Blended finance (financiamiento combinado) y capital concesional. La combinación de capital concesional con recursos privados reduce el coste de capital y mejora la viabilidad técnica. Instrumentos subordinados, líneas de crédito concesional y cofinanciamiento permiten desplegar baterías y microredes que, de otro modo, no alcanzarían la escala necesaria.
Garantías y credit enhancements (mejoras crediticias / garantías). Garantías parciales o totales – públicas o multilaterales – han sido catalizadoras en contextos de riesgo (islas y regiones con vulnerabilidad climática). Reducen la prima de riesgo y permiten que la banca comercial participe sin asumir todo el riesgo.
Modelos de pago por servicio (PaaS / POS – pago por servicio). Contratos en los que se paga por disponibilidad o por el servicio de resiliencia (por ejemplo, horas de autonomía para un hospital) permiten que un proveedor financie y opere la solución mientras la entidad cliente paga por la garantía de servicio. Este enfoque simplifica la contabilidad pública y facilita la inversión privada en activos que tradicionalmente no entrarían en el balance del Estado.
Señales regulatorias e incentivos tarifarios. La regulación debe reconocer el valor económico y social de la resiliencia: pagos por capacidad de respaldo, reglas claras para almacenamiento y procedimientos de conexión y permisos acelerados. Sin mecanismos claros de recuperación de la inversión, los proyectos no serán sostenibles.
Recomendaciones operativas y priorizadas
Etiquetar parte del pipeline del bono verde para resiliencia crítica (salud, agua, comunicaciones) y publicar un inventario de proyectos listos para ejecución en 12– 24 meses.
Negociar líneas concesionales y garantías con multilaterales (IDB, BID Invest, World Bank) para apalancar inversión privada en almacenamiento y microredes.
Crear una “project preparation facility” (ventanilla de preparación de proyectos) que estandarice términos de referencia, estudios y contratos (plantillas de PPA -Power Purchase Agreement-/contratos de compraventa, y contratos de pago por servicio) para bajar costos de transacción y acelerar la bancabilidad.
Actualizar la regulación para permitir pagos por servicios de resiliencia y establecer reglas claras para almacenamiento y agilizar permisos y procesos de interconexión.
Lanzar pilotos público – privados en hospitales regionales y enclaves turísticos para generar evidencia local y atraer más capital.
Invertir en resiliencia hoy reduce pérdidas económicas y puede salvar vidas. Los instrumentos financieros existen; la diferencia la harán políticas públicas que traduzcan recursos en proyectos bancables, acompañadas de transparencia técnica y mecanismos de supervisión. No es solo una decisión financiera: es una obligación pública hacia la continuidad de servicios esenciales cuando más se necesitan.