Indexación, subsidios, exenciones y reforma (2/2)

El senador Omar Fernández ha puesto el tema de la indexación sobre el tapete, mediante su artículo “El Bolsillo vacío de una ley ignorada” (Listín Diario, 28/10/2025), donde señalaba que el proyecto de presupuesto de 2026 mantiene congelado el salario libre de ISR y que el gobierno “se escuda en un tecnicismo para no cumplir el artículo 327 del Código Tributario que ordena la indexación…”.

Más allá de que el pecado original viene desde 2012, la suspensión no es ilegal, pues el tecnicismo de mayoría cualificada y la aprobación posterior de la ley de presupuesto, suspende los efectos de las leyes que ella disponga, encuadrándose en lo legal (hecho), aunque no en lo legítimo (opinión).

El senador Fernández señala la necesidad de implementar el ajuste porque, “afecta directamente a 300 mil trabajadores formales e, indirectamente, a 420 mil empleados con salarios superiores a R$50,000”. Tanto en su artículo como en su cuenta de X (29/10/2025), bosqueja propuestas de solución, entre ellas “revisar subsidios mal focalizados y exenciones fiscales que no generan empleos ni desarrollo”.

Entre estas propuestas, señala que “el ministerio de Economía reportó 707,714 hogares en pobreza en 2024, pero los beneficiarios de Aliméntate eran 1,386,852, casi el doble. Solo corrigiendo esta distorsión, el Estado podría ahorrar 13,400 millones de pesos al año”. Al respecto, el secretario de Finanzas del PRM y director de Aduanas –Yayo Sanz Lovatón– le respondía (06/10/2025) que “con los subsidios no, porque eso es lo que ayuda a nuestra gente a superarse”, elevando el debate y forzando a muchos funcionarios y legisladores de un partido adormecido en el sopor del poder, a tirarse a la candela y salir a defender al presidente.

Fernández hace oposición de altura, crítica y propositiva. Y, aunque lleva razón en la necesidad de aplicar un ajuste que es racional y legítimo; yerra en el enfoque cuantitativo, cuando apunta al diferencial generado por una distorsión que no es tal, porque pobreza monetaria no es pobreza multidimensional; y las variables que mide SIUBEN y el Índice de Calidad de Vida (ICV) son más amplias, y no las miden ni Hacienda, ni el Banco Central; por lo tanto, su data no refleja la realidad de la pobreza, en términos cualitativos.

Bien haría el senador en replicar –por ejemplo– el mismo análisis cuantitativo hecho con “Aliméntate”, en otros sectores que sí incrementan considerable –y cuestionablemente– el Gasto Tributario del Estado, y que contribuyeron a que saltara de RD$340,890 MM (2024) a RDS383,566 MM (2025).

Porque, tan justo como evaluar el otorgamiento de subsidios sociales; también lo es evaluar la pertinencia de exenciones y facilidades a 25 sectores que, excluyendo “exenciones generales a personas físicas” (RD$146,931 MM), sólo en 2025 representan RD$236,635 MM no cobrados por el Estado, lo que haría que la discusión de la indexación fuera –por ejemplo– innecesaria.

Quizás, sin proponérselo, el senador Fernández pone sobre la mesa el primer argumento para una necesaria e impostergable discusión mayor: la necesidad de una reforma fiscal integral.