Indolencia de la ADP

En Boca Chica acaban de ser paralizadas 55 escuelas y 43 mil estudiantes quedaron sin clases en un “plan de lucha” de tres días convocado por la Asociación Dominicana de Profesores (ADP). Otra acción infeliz que a menos de cuatro meses de iniciado el año escolar han hecho en diferentes comunidades vulnerables del país para quienes la escuela no solamente es aprendizaje sino también alimentación y cuidado.

Los reclamos por condiciones dignas son legítimos y apoyables, pero no así el método utilizado. Porque si bien la Constitución reconoce la protesta como un derecho fundamental, también consagra, en su artículo 63, el derecho a una educación “integral, de calidad, permanente” por lo que su continuidad no puede ser rehén de conflictos sindicales ni de manipulaciones políticas.

Pero además, la Ley General de Educación (66-97) impone deberes concretos al magisterio como es cumplir con el calendario y el horario escolar establecidos por el Consejo Nacional de Educación. Esa obligación existe precisamente para evitar que el ciclo lectivo se fragmente a capricho y para que las pérdidas de tiempo pedagógico no se acumulen hasta volverse irreparables.

Porque cada paro descuenta horas de aprendizaje y ¿Quién resarce esa merma? obviamente que no es el alumno pobre porque ese que no tiene acceso a tutorías privadas y a veces ni siquiera cuenta con conectividad en la casa.

La ADP debe explorar otras alternativas como marchas y vigilias fuera del horario de docencia; asambleas en fines de semana o ruedas de prensa sin cerrar aulas entre varias opciones. Esas vías también presionarían a las autoridades, pero sin castigar al más débil, porque la indignación social no está contra el reclamo, sino contra la indolencia de usar a los estudiantes como carne de cañón.