Venezuela nos advierte... Rusia y Uruguay nos enseñan
Lecciones de dos países
Cuando los empresarios gobiernan y los políticos obedecen, la democracia se vende al mejor postor. Venezuela lo vivió, Rusia y Uruguay lo frenaron… ¿y la República Dominicana, qué camino tomará?
En Venezuela… de la abundancia al colapso
Durante gran parte del siglo XX, Venezuela fue sinónimo de prosperidad en América Latina: país petrolero con altos ingresos, clase media sólida y una de las economías más fuertes de la región. Pero esa riqueza convivía con una élite empresarial muy cercana al poder político, que obtenía privilegios, contratos y exenciones mientras la institucionalidad se debilitaba.
Con la llegada de Hugo Chávez en 1999 se buscó romper esa relación, pero el remedio fue peor que la enfermedad: se estatizaron sectores estratégicos sin eficiencia, se centralizó el poder y se usó la renta petrolera para financiar programas sociales sin crear una economía productiva. Cuando el precio del petróleo cayó, el modelo se desplomó.
A partir de 2013, bajo Nicolás Maduro, la crisis se profundizó. En seis años el país perdió cerca del 40 % de su producción y el bolívar cayó en una hiperinflación que alcanzó 130 % en 2018, según el FMI. Aunque parecía controlada, en 2025 volvió a acelerarse con una proyección cercana al 200 %.
El desempleo llegó a estimaciones no oficiales de 35 % a 40 % en 2019, y hoy gran parte de la población sobrevive en la economía informal. El éxodo migratorio es el mayor de la región: más de 7.7 millones de personas han abandonado el país desde 2013, según la ONU (2024).
La deuda pública, que en 2013 era de 52 % del PIB, escaló al 186 % en 2019 y en 2023 alcanzó 327 %. El resultado: un Estado debilitado y una población empobrecida. En síntesis, la fragilidad venezolana tuvo dos etapas: primero, la connivencia de empresarios y políticos que minó la institucionalidad; después, un poder centralizado que sustituyó a los empresarios, pero repitió la captura del Estado con resultados aún más devastadores.
Rusia y el control del Estado
El Kremlin trazó la línea que los empresarios no podían cruzar. Tras la crisis de los 90, marcada por oligarcas que controlaban sectores estratégicos, Vladimir Putin impuso una regla: podían enriquecer sus empresas, pero no intervenir en política.
Los resultados fueron claros. A mediados de los 2000, Rusia tenía cerca de 1.3 millones de pymes; para 2019 la cifra creció hasta 6 millones, generando más de 15 millones de empleos privados. Al mismo tiempo, los ingresos fiscales se multiplicaron casi por cuatro en dos décadas, gracias al dinamismo empresarial y la recuperación de áreas como energía y transporte.
El resultado: Moscú, con unos 30 mil millonarios y 74 multimillonarios, es hoy una de las ciudades más ricas del planeta. Aunque concentra poder y genera críticas, este modelo fortaleció al Estado y frenó la injerencia empresarial en la política.
Uruguay: un equilibrio saludable
En América Latina, pocos países han logrado ese balance, pero Uruguay es una excepción. Su legislación limita la influencia empresarial con controles estrictos al financiamiento de campañas y auditorías obligatorias.
La economía lo refleja: las pymes representan el 99 % de las empresas, generan cerca del 70 % del empleo privado y aportan más del 40 % de la recaudación tributaria, según la CEPAL. Sectores estratégicos como energía, agua y telecomunicaciones permanecen bajo control estatal, asegurando ingresos estables.
El resultado: primer lugar en transparencia regional, con 73/100 en Transparency International (2024), y una democracia sólida. Allí, los empresarios producen y exportan, pero no controlan el aparato estatal.
Nuestra experiencia
En la República Dominicana hubo tiempos en que el Estado mantenía límites claros: Trujillo y Balaguer mantuvieron a los empresarios fuera de la política. Durante Balaguer, la planificación económica se decidía desde el gobierno, no desde intereses privados.
Hoy ocurre lo contrario. Empresarios financian campañas para obtener contratos, concesiones o ventajas fiscales, e incluso ocupan cargos públicos. Un ejemplo es el Consejo Nacional de Competitividad, creado en 2016, que reúne a empresarios y funcionarios para definir estrategias productivas. Aunque busca mejorar la competitividad, en la práctica facilita la influencia directa del sector privado en las políticas públicas.
Esto se traduce en leyes a medida, monopolios disfrazados y decisiones que priorizan beneficios privados sobre el desarrollo nacional. Según Latinobarómetro (2023), el 71 % de los latinoamericanos cree que sus gobiernos están capturados por intereses privados, y la República Dominicana no es la excepción.
Un límite necesario
La lección es clara: un país necesita un Estado fuerte e independiente, con políticos que gobiernen y empresarios que produzcan y generen empleos. Venezuela muestra el riesgo de la captura estatal; Rusia, que es posible imponer reglas; y Uruguay, que el equilibrio democrático es alcanzable.
Separar las esferas de poder no es un ideal: es una urgencia. Los empresarios deben crear empleos, pagar impuestos y competir globalmente; el gobierno, planificar a largo plazo y garantizar reglas justas para todos.
La historia no perdona a los pueblos que no corrigen a tiempo. El empresario en su empresa; el político en el gobierno. Así de simple… y así de urgente. Si no trazamos esa línea hoy, mañana quizás ya no haya línea que trazar.
joaquinjoga@gmail.com