Todo cambia...hasta la cédula

A juzgar por lo que últimamente algunos medios reseñan, parecería que todos los problemas de recursos del Estado dominicano quedarían solucionados si la Junta Central Electoral (JCE) desiste del proyecto de emisión de una nueva cédula de identidad y electoral.

La discusión no es peregrina, RD$6,000 millones es una suma considerable que da para construir muchas cosas, ciertamente, pero, ¿acaso la seguridad de los documentos identidad de “9,412,353 ciudadanos y residentes legales, de los cuales 942,795 son menores de edad que alcanzarán la mayoría de edad a partir del 2025” no vale más de ahí? (Fuente JCE).

En una sociedad con tantas precariedad materiales, donde un día el gobierno dice que le sobra dinero y al día siguiente dice que le falta, prestos a hacer ahorros para obtener recursos y redireccionarlos hacia construcción de hospitales, escuelas, puentes –etc.–, ¿la vía expedita para obtenerlos es sacrificando el esfuerzo planificado, socializado y presupuestado de la JCE para dotar a la ciudadanía de una cédula moderna, que incorpore todas las mejoras y optimizaciones tecnológicas de vanguardia, que den respuesta a los desafíos del siglo XXI?

En un país que por cualquier “quítame esta paja” el gobierno central distribuye bonos a diestra y siniestra, toca preguntar si el presupuesto estatal quedará cuadrado exigiéndole a la JCE que no de cumplimiento a la programación asumida, y no conminando a otras instituciones centralizadas a actuar como buenos “padres de familia” con los recursos públicos (no en el sentido “choferil” del término, obvio).

En los hechos, el proceso de licitación pública internacional que procura seleccionar al consorcio encargado de “actualizar, renovar y emitir nuevos documentos de identidad” ha agotado satisfactoriamente todas sus fases. La JCE fue bastante específica en la redacción de los Términos de Referencia de la licitación, y los mismos reflejaban el tipo de documento que se quería y los niveles de solvencia técnica y capas de seguridad que se procuraban.

El mundo ha cambiado lo suficiente desde 2014 a la fecha, como para saber que la actual cédula no cumple cabalmente con los requisitos de seguridad mínimos. El crimen organizado, la delincuencia transnacional y la sofisticación de los esquemas de lavado de activos son tan sólo algunos de los escenarios donde se evidencian sus bajos niveles de robustez. Que en muchos operativos contra el tráfico de personas queden como cuerpo del delito las cédulas falsificadas en manos de los apresados, indica que la inviolabilidad del documento vigente, en términos tecnológicos, llegó a su fin.

No dar curso a la licitación actual, bajo la premisa de que es innecesario, no es sólo pretender condenarnos a vivir en el año 2014, sino a prescindir de mejoras tecnológicas, como la incorporación de un chip que permitiría al documento “dialogar” con otras plataformas públicas y privadas bajo mayores condiciones de seguridad, facilitándonos la vida.

Lo de quién se beneficiaría si seguimos con el documento viejo… ya esa es otra pregunta.