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El Congreso Nacional ha hecho su parte. Luego de intensos debates, los diputados y senadores alcanzaron un consenso histórico para aprobar la modificación a la Ley 225-20 sobre residuos sólidos donde se priorizó el interés nacional por encima de cualquier presión sectorial, que aún persiste.

Se ha cuestionado, por ejemplo, la exclusión del sargazo sin considerar que su naturaleza climática y no antrópica lo hace incompatible con esta norma. También se ha dicho que se restringe la participación del sector privado cuando el texto permite el aprovechamiento interno de residuos y respeta las inversiones realizadas conforme al principio constitucional de irretroactividad de la ley.

En una serie de argumentos insostenibles, se ha hablado de monopolios donde lo que existe es racionalización y eficiencia operativa. Se ha criticado la -necesaria y justa- actualización de una contribución especial que ya existe desde 2020 como si se tratara de una nueva carga tributaria y se ha puesto en duda la participación técnica del sector privado en el Consejo del Fideicomiso ignorando a conveniencia que no tendrá poder de decisión sobre recursos y solo aportará el conocimiento vital para planificar con eficacia.

Con las modificaciones a la Ley 225-20 no se vulnera la libertad de empresa. No se afecta la seguridad jurídica. No se ha creado ningún impedimento para la innovación o la sostenibilidad. Por el contrario, lo que se ha hecho es sentar las bases para un sistema moderno, controlado, trazable, financieramente viable y con reglas claras para todos los actores.

Entonces presidente Abinader, usted tiene en sus manos una decisión clave para el presente y el futuro ambiental de la República Dominicana. El Congreso ya hizo su aporte y el país espera lo mismo de su liderazgo.