Menos leyes y más justicia
Publio Cornelio Tácito, historiador y senador romano del siglo I d.C., dejó una advertencia que sigue vigente: “Cuanto más corrupta es una sociedad, más numerosas son sus leyes.” Esa frase resume con crudeza lo que vivimos a diario en la República Dominicana: sobran las leyes, pero escasea la justicia.
Entre tú y yo, no necesitamos más decretos, códigos o reglamentos; necesitamos voluntad. Voluntad de aplicar, de sancionar, de actuar. Porque legislar sin hacer cumplir es como construir una cárcel sin barrotes: parece funcional, pero cualquiera puede salir sin dificultad.
Nuestro país ha generado una inflación normativa que no se traduce en soluciones. Tenemos leyes para casi todo: tránsito, educación, transparencia, protección al consumidor, seguridad ciudadana... pero en la práctica, muchas quedan archivadas, mal aplicadas o simplemente ignoradas. Según la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), cerca del 60 % de las leyes dominicanas no se aplican, lo que revela una desconexión profunda entre lo que se legisla y lo que realmente se ejecuta. Esa desconexión no solo debilita al Estado: también mina la confianza ciudadana.
Normas sin consecuencias
¿De qué sirve promulgar más normas si no hay consecuencias para quienes las incumplen? Las leyes pierden valor cuando no se hacen respetar, y eso erosiona la credibilidad del sistema ante los ojos del ciudadano común, que termina por desconfiar del Estado. La ciudadanía se acostumbra al desorden, a la impunidad, y empieza a resolver “por su cuenta”. Ahí nace la desobediencia civil, la corrupción cotidiana y, en muchos casos, la violencia.
Un ejemplo claro
es el sistema judicial.
Hay leyes para procesar con agilidad, pero los procesos se prolongan por años. Hay normas para castigar la corrupción, pero los expedientes emblemáticos terminan en absoluciones por tecnicismos. Hay delitos que deberían ser de orden público, pero se consideran de orden privado, y muchos procesos se caen porque la víctima no mantiene la acusación.
Eso no es justicia.
Eso es burocracia decorativa.
Menos normas,
más acción
No se trata de crear más normas, sino de fortalecer las instituciones que las aplican. Tener más leyes no es sinónimo de desarrollo. Japón, por ejemplo, tiene un marco legal reducido en materia penal, pero una cultura de cumplimiento que genera orden. Lo mismo ocurre en países como Uruguay o Costa Rica, donde la clave no está en la cantidad de normas, sino en el compromiso de hacerlas cumplir. No es el papel lo que genera justicia: es la acción.
Una limpieza necesaria
Además, esta inflación legislativa tiene otro efecto: confunde y paraliza. Muchos ciudadanos no saben a qué atenerse, y algunos aprovechan las lagunas legales para delinquir con cierta protección. Necesitamos una limpieza normativa, una auditoría legislativa que elimine duplicidades, revise incoherencias y depure todo lo que no se aplica.
Pero por encima de todo, lo que más necesitamos es justicia real. Justicia que no se negocie, que no se retrase, que no dependa de apellidos, influencias ni apadrinamientos.
Hora de actuar
Entre tú y yo, las leyes deben ser como brújulas: claras, firmes y orientadoras. Pero en nuestro país parecen relojes rotos: dan la hora, pero nadie las mira.
Y quizás ha llegado el momento de entender que no se trata de seguir llenando el archivo legislativo, sino de aplicar con firmeza lo que ya tenemos. Porque más importante que tener muchas leyes, es que haya justicia para todos.
Eso sí sería justicia.