Un contrasentido
Mientras Estados Unidos intensifica las deportaciones de migrantes latinos, resulta paradójico que persistan los intentos de ingreso ilegal a sus territorios.
El pasado viernes, ese contrasentido se cobró vidas humanas, cuando una embarcación con aproximadamente 50 personas —entre dominicanos y haitianos— naufragó frente a las costas de Juanillo, provincia La Altagracia.
Tras el hundimiento, las autoridades recuperaron seis cadáveres y rescataron con vida a 17 viajeros (10 dominicanos y 7 haitianos, incluido un menor).
Este episodio es otro de una larga cadena de tragedias en una ruta migratoria donde embarcaciones precarias de madera o fibra de vidrio, sin medidas de seguridad, se hunden con frecuencia.
Pese a las advertencias y al endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses bajo el segundo mandato de Donald Trump, estos viajes persisten.
Surge entonces una pregunta ineludible: ¿Tiene la Armada Dominicana capacidad suficiente para evitar estas travesías?
Posiblemente sí, pero los traficantes demuestran mayor habilidad para burlar la vigilancia.
Un patrón similar se observa en la frontera haitiana, donde pese a redadas masivas y repatriaciones, persiste el tráfico ilegal.
Tras esta obstinación hay un lucrativo contubernio.
Las autoridades que sucumben al soborno permiten que operen redes de tráfico, mientras migrantes pagan hasta 7,000 dólares por una travesía mortífera.
Este naufragio, como otros anteriores, evidencia una cruda realidad: ni las políticas represivas ni los riesgos disuaden a quienes buscan escapar de la desesperación.
Urge desmantelar las redes de corrupción que aprovechan ese drama, y ofrecer alternativas legales antes de que el mar siga convirtiéndose en una fosa común para centenares de dominicanos.