Un análisis del sistema de pensiones en la República Dominicana y su impacto en los trabajadores. Un sistema que prometía seguridad y entrega frustración.
Desde la implementación de la Ley 87-01 en 2003, el sistema de pensiones en la República Dominicana quedó en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Este modelo, inspirado en el sistema chileno, prometía garantizar un retiro digno mediante la capitalización individual. Sin embargo, más de 20 años después, el resultado es un evidente desequilibrio: mientras las AFP obtienen ganancias millonarias, los trabajadores reciben pensiones que apenas cubren el 30 % de la canasta básica. Lo que se vendió como seguridad social ha terminado siendo un negocio privado.
Ganancias para las AFP, angustia para los afiliados
Según la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), el patrimonio total del sistema superó los RD$ 1.1 billones y alcanzó RD$ 1.446 billones en marzo de 2025. Solo AFP Popular administra RD$ 376,685 millones. Le siguen AFP Siembra con más de RD$ 330,000 millones y AFP Banreservas con RD$ 272,000 millones. Estas tres concentran más del 65 % del mercado y gestionan los fondos de más de 4.5 millones de afiliados que esperan, al llegar a la vejez, una pensión digna. Lamentablemente, eso no está ocurriendo.
El cálculo injusto
El problema no es la existencia de las AFP, sino el método con que cobran sus comisiones. En lugar de hacerlo sobre los aportes mensuales, en República Dominicana las AFP cobran un 1.05 % anual sobre el fondo acumulado del afiliado. Es decir, mientras más ahorra un trabajador, más gana la AFP, incluso si ya no cotiza.
Para entenderlo mejor: un afiliado con RD$ 2 millones pagará RD$ 21,000 al año en comisiones, aunque ya esté retirado. En 2023, las AFP recibieron más de RD$ 9,400 millones en comisiones, mientras los jubilados dominicanos perciben, en promedio, menos de RD$ 16,000 mensuales. Pero el costo promedio de la canasta básica nacional supera los RD$ 46,700, lo que hace imposible cubrir las necesidades mínimas tras décadas de trabajo.
Otras fórmulas: Lo que hacen países vecinos
En Chile, Perú y Colombia, las AFP cobran sobre los aportes mensuales del trabajador. En Chile y Perú, las comisiones oscilan entre 1.44 % y 1.69 % del salario; en Colombia, entre 0.47 % y 2.05 %. Además, Chile reformó su sistema tras intensas protestas sociales. La lección es clara: no se trata solo de acumular fondos, sino de garantizar justicia previsional.
La reforma es posible... y urgente.
Una reforma efectiva debe incluir:
1. Cobro de comisiones solo sobre los aportes mensuales.
2. Tarifas escalonadas, con menores cargos para trabajadores de bajos ingresos.
3. Límites máximos a las comisiones, alineados al promedio regional.
4. Reinversión parcial de las ganancias de las AFP en los fondos de los trabajadores.
5. Y sobre todo: establecer como meta que el monto de las pensiones alcance, al menos, el valor de la canasta básica familiar.
Este modelo no elimina a las AFP, pero sí las obliga a actuar con equidad.
No puede continuar un sistema donde unos pocos se enriquecen a costa de la pobreza de los jubilados.
El silencio del Estado frente al abandono
El Estado ha sido pasivo. Mientras otras naciones avanzan hacia modelos mixtos o solidarios, aquí se celebra el éxito financiero de las AFP como si fuera un logro social. Pero entre tú y yo: administrar miles de millones no es un mérito, si quienes los generan terminan olvidados.
Porque después de trabajar durante décadas, muchos dominicanos terminan siendo ancianos, fuera del mercado laboral, enfermos, frágiles y, en muchos casos, abandonados. Convertidos en una carga.
Garantizar una vejez digna no es un favor político: es una obligación moral.
El contraste regional lo deja claro
Mientras en países como Uruguay y Costa Rica los sistemas de pensiones —tanto contributivos como no contributivos— garantizan ingresos que igualan o superan el costo de la canasta básica, en la República Dominicana apenas se cubre el 30 %, y eso solo para quienes logran acumular los años de cotización requeridos. Perú y Colombia enfrentan desafíos similares, aunque Colombia ha avanzado con pensiones contributivas que cubren cerca del 100 % del costo de vida para algunos, pero su sistema no contributivo apenas representa el 38 %. En cambio, RD no cuenta con un esquema universal de pensión social, y su tasa de cotización efectiva (41 %) deja a la mayoría de los adultos mayores fuera de toda protección digna. Si el objetivo es garantizar una vejez con dignidad, el Estado dominicano debe dejar de mirar hacia otro lado y asumir su responsabilidad. Porque una sociedad que abandona a sus mayores no es solo injusta: es una sociedad que ha perdido el rumbo.