¿Quién pagaría el precio del ‘proyecto de ley grande y hermoso’ de Trump?

La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el jueves 22 de mayo, por un margen muy estrecho, el ambicioso plan de recortes fiscales y gastos promovido por el presidente Donald Trump, una medida que pasó al Senado. Aunque sus defensores aseguran que el plan —al que Trump llama “proyecto de ley grande y hermoso”— estimulará el crecimiento económico y aliviará la carga impositiva sobre las familias y empresas estadounidenses, los costos reales del proyecto, estimados en 2,4 billones de dólares añadidos a la deuda nacional en la próxima década, plantean interrogantes fundamentales sobre prioridades, justicia fiscal y el futuro de programas sociales imprescindibles.

El plan favorece de manera desproporcionada a los más ricos y a las grandes corporaciones. El argumento que sirve de coartada a esa desigualdad es que los beneficios a los más acomodados “gotean” hacia el resto de la población mediante inversiones y empleos. Pero ese argumento ha demostrado ser más ideológico que empírico. Experiencias anteriores, incluida la reforma fiscal de 2017 durante el primer mandato de Trump, muestran que la reducción de impuestos a los más ricos rara vez se traduce en mejoras significativas para la clase media o los trabajadores. Lo evidente es que las políticas fiscales de este tipo disparan la deuda pública y promueven la reducción del gasto social.

Ahí radica el verdadero peligro del proyecto. Aunque los recortes fiscales se presentan como una bendición para el bolsillo del ciudadano común, el financiamiento de esa generosidad requiere inevitablemente ajustes en otras áreas. Entre los probables blancos de los ajustes están el Medicare y el Medicaid, dos programas vitales para decenas de millones de estadounidenses, sobre todo personas de la tercera edad, personas con discapacidad y familias de bajos ingresos. Ya se han alzado voces en el Congreso que hablan de la necesidad de “reformar” o “ajustar” esos programas para mantener el equilibrio fiscal. En el lenguaje político, esas afirmaciones suelen ser un eufemismo por recortes.

La amenaza es muy temible: mientras se reduce la carga fiscal a los acaudalados, se amenaza la salud y la seguridad económica de los sectores más vulnerables. En un país donde el costo de la atención médica es exorbitante, debilitar programas como el Medicare o el Medicaid podría tener consecuencias devastadoras. Porque no es simplemente una cuestión de números, sino de protección de la vida humana.

El debate sobre el déficit y la deuda pública no puede ser utilizado como excusa para atacar el tejido básico de protección social. Si la preocupación por el gasto público es genuina, ¿por qué entonces no se plantea una revisión del gasto militar, que supera los 850.000 millones de dólares anuales? ¿Por qué no se eliminan las lagunas fiscales que permiten que grandes corporaciones paguen menos impuestos que individuos o familias de la clase trabajadora?

El megaproyecto aprobado en la Cámara de Representantes, el “gran y hermoso proyecto de ley” de Trump, vuelve a poner sobre el tapete una pregunta decisiva sobre el tipo de nación que queremos: una nación donde se premie a los que más tienen, o una nación que proteja a los que más lo necesitan. En el Capitolio no se debe permitir que este plan desequilibrado socave los programas sociales y los servicios públicos. La verdadera grandeza de una nación no se mide por los beneficios de Wall Street, sino por la dignidad y la solidaridad con la que trata a sus ciudadanos más vulnerables.