Aunque sea incómodo

Toda política migratoria, por más firme que sea, debe ejecutarse bajo una premisa clara: el respeto a los derechos humanos no es negociable. Proteger la frontera no puede traducirse en atropellos ni en despojar de dignidad a quienes cruzan en busca de refugio o una mejor vida. Ahora bien, dicho esto, es necesario admitir también que el Estado tiene el deber de actuar, con humanidad, pero con determinación.

Hablar de migración en República Dominicana es, sin duda, un tema espinoso. Todos exigen soluciones, todos opinan, pero cuando el gobierno toma acciones concretas, también se enfrenta a una avalancha de críticas. La gestión migratoria, sobre todo con una crisis tan profunda como la que vive Haití, es una de las tareas más complejas que tiene hoy el Estado dominicano.

Del otro lado de la línea fronteriza hay un pueblo atrapado en el caos. Y por más que nos duela, nuestro país no tiene la capacidad ni la responsabilidad de cargar solo con esa crisis.

Sí, las medidas duelen. Repatriaciones masivas, controles más estrictos, aumento de vigilancia. Hay casos que conmueven, familias que se separan y situaciones injustas que deben corregirse. Pero también es cierto que la nación necesita orden y firmeza. No se puede gobernar a golpe de presiones contradictorias: la ciudadanía exige acción, pero al mismo tiempo reprueba los mecanismos que esa acción implica.

En ese equilibrio delicado, el gobierno camina sobre una cuerda floja. Lo urgente no puede seguir esperando, aunque llegue con retraso. Cada día que pasa sin respuestas concretas, el problema se agrava.

La solidaridad es importante, pero debe ir de la mano con la responsabilidad. Proteger nuestras fronteras también es proteger nuestros derechos, nuestros recursos y nuestra estabilidad como país. El gobierno no lo tiene fácil. Y aunque critiquemos sus pasos, lo importante es que no se detenga.