Cuando el dolor se convierte en botín

La madrugada del martes 7 de abril, la icónica discoteca Jet Set fue escenario de una tragedia que dejó al país conmocionado. El colapso del techo provocó la muerte de varias personas y múltiples heridos. Pero lo que ha causado aún más indignación es lo que ocurrió después: según denuncias difundidas, individuos aprovecharon el caos para robar pertenencias a los fallecidos, incluyendo sus tarjetas de crédito y débito, las cuales fueron utilizadas posteriormente en compras y retiros.

Este hecho, más allá del delito económico, representa una grave afrenta a la dignidad humana. Robar a una persona fallecida es, en muchos países, considerado no solo un crimen común, sino un delito agravado y moralmente despreciable. En Estados Unidos, por ejemplo, este tipo de acción puede acarrear cargos por fraude, robo de identidad y uso indebido de dispositivos electrónicos, con penas de hasta diez años de prisión. En el Reino Unido, se considera fraude por representación falsa, con condenas similares. En España, además de estafa, podría tipificarse como profanación, especialmente si se accede al cuerpo o a sus pertenencias en el momento del fallecimiento.

En la República Dominicana, sin embargo, este tipo de hechos aún suele tratarse como un simple robo, cuando debería considerarse con mayor severidad. 

La legislación actual no contempla una figura agravada por el uso de tarjetas de personas fallecidas, ni por el aprovechamiento de una situación de desastre o tragedia. Este vacío legal permite que quienes cometen estos actos indolentes sean juzgados como si se tratara de un hurto menor.

Es momento de hacer una propuesta firme. Se debe incluir una reforma al Código Penal que tipifique como delito agravado el robo o uso fraudulento de medios electrónicos pertenecientes a personas fallecidas, y que contemple penas de entre cinco y diez años de prisión. Además, las instituciones bancarias deben estar obligadas a bloquear de forma inmediata las tarjetas una vez notificado el fallecimiento del titular, tal como ocurre en países con protocolos más avanzados.

Por otro lado, la Policía Nacional y el Ministerio Público deben actuar de oficio ante denuncias de este tipo, iniciando una investigación sin esperar que un familiar formalice la querella. Las entidades emisoras de tarjetas pueden colaborar con información sobre las compras o retiros realizados tras la muerte del titular, identificando los lugares, cámaras y responsables. Este tipo de cooperación ya es práctica común en naciones donde la dignidad no se negocia.

En un país que se precia de respetar la vida, también debemos aprender a respetar la muerte. Que la pérdida de un ser humano no sea motivo para que los miserables saquen provecho del dolor ajeno. Y que la justicia no mire hacia otro lado cuando la descomposición moral se cuela entre las ruinas de una tragedia.

Porque no hay peor crimen que lucrarse con el cuerpo aún tibio de quien acaba de partir. Solo una sociedad sin alma normaliza la miseria humana.

 joaquinjoga@gmail.com