Una cárcel para los traidores
La crisis migratoria ha tocado fondo.
Ante el creciente y desbordado flujo de haitianos indocumentados, el gobierno ha implementado una estrategia integral de contención, con 15 medidas concretas que incluyen operativos, control territorial y una reforma urgente de la Ley de Migración y Trata de Personas para endurecer las penas.
Pero de nada sirven las leyes si su aplicación es débil, complaciente o selectiva.
La impunidad ha sido el principal combustible de este negocio ilegal.
Durante años, militares, policías, fiscales y civiles sin escrúpulos han convertido el tráfico de indocumentados en una industria clandestina, lucrativa y bien organizada, que ha socavado la soberanía nacional ante los ojos de todos.
Las medidas anunciadas por el presidente Abinader -divididas en acciones inmediatas, a corto y largo plazo- deben marcar un antes y un después.
Esta vez, la firmeza no puede ser simulada ni superficial.
Si se quiere un verdadero “régimen de consecuencias”, el Estado debe enviar una señal inequívoca: la cárcel de máxima seguridad del kilómetro 15 de Azua debe convertirse en el nuevo destino de los traidores a la Patria.
Todos los coyotes, civiles o uniformados -sin importar su rango, apellido ni contactos políticos- deben enfrentar penas ejemplares por el daño que hacen al país.
A quienes trafican con personas o permiten el cruce ilegal de fronteras no se les puede devolver el vehículo incautado ni ofrecer indulgencias judiciales.
Hay que desmantelar las redes, incautar bienes y, sobre todo, judicializar los casos con rigor y transparencia.
No puede haber indulgencia política ni legal para quienes han convertido el territorio nacional en una puerta giratoria para migrantes ilegales, droga y contrabando.
El “dejar hacer, dejar pasar” ha desbordado al país y ha erosionado la confianza en las autoridades.
La migración ilegal no solo amenaza la seguridad pública, sino que ha alimentado tensiones sociales y ha generado una sensación de anarquía e indefensión en las comunidades fronterizas y urbanas.
Es hora de actuar. Sin titubeos. Sin excepciones. Y con todo el peso de la ley sobre los verdaderos enemigos de la soberanía nacional: los que la venden al mejor postor.