¡Complicidad imperdonable!
Mientras el gobierno del presidente Abinader despliega miles de soldados en la frontera y ahora en el enclave de Friusa, convertida en “ghetto haitiano”, persiste un vergonzosa realidad que atenta contra nuestra soberanía.
Es la que ilustra el hasta ahora imparable tráfico de haitianos indocumentados y los contrabandos de cigarrillos y marihuana , añadiendo una podredumbre interna que corroe nuestras instituciones.
Militares y exmilitares, fiscales, policías y hasta políticos han sido reiteradamente señalados —y en muchos casos atrapados in fraganti— como cómplices activos de estas redes criminales.
Un exmilitar ha sido apresado tres veces por el mismo delito, sin que se le haya aplicado la ley con la severidad que amerita.
La Ley 137-03 es clara y rigurosa.
Establece penas de hasta 15 años para quienes transporten o colaboren con el tráfico de personas.
Pero esta ley, que debería ser el escudo contra el delito, se ha convertido en papel mojado por la instrumentalización de fiscales y policías que favorecen a los traficantes pese a las evidencias.
No basta con detener indocumentados en autobuses ni con patrullajes en los montes fronterizos.
Si los vehículos usados no se incautan y los cómplices con uniforme o toga siguen protegidos, continuaremos nataguiando en el mismo círculo vicioso.
¡Ya está bueno! Exijamos que la ley se aplique con todo el peso a militares, policías, fiscales y políticos que traicionen la patria por dinero.
Que se publiquen las sentencias, que se decomisen los bienes, que se sancione a las instituciones involucradas.
La impunidad es la mejor aliada del crimen. Y aquí hay demasiados cómplices con poder.
¡Hay que romper esa cadena ya!