La mora legislativa

Sobre la mesa reposan cientos de leyes pendientes de conocer y aprobar. Algunas las ordena la Constitución de 2010 –más de 70–, otras las ordenan sentencias del Tribunal Constitucional –Código Procesal Penal, candidaturas independientes, etc.–, y otras (las más), las demanda el mercado; la pura realidad cotidiana enfrentada a las nuevas tecnologías y las diversas mutaciones del capitalismo.

Si el emperador Bonaparte se apareciera en Santo Domingo, se sentiría a gusto gobernando con sus códigos civil, penal y comercial (aún vigentes); así de desfasados estamos.

El tiempo pasa rápido. La constitución de 2010 tiene 15 años y el despliegue regulatorio complementario que ordenaba para su eficiente implementación sigue inconcluso. Presidentes, partidos y gobiernos van y vienen, y los pendientes legislativos no se resuelven; todo lo contrario, aumentan.

En el imaginario colectivo, el Código Penal es el sospechoso habitual. En la práctica, nadie puede señalar la cantidad de leyes pendientes de ser aprobadas y/o actualizadas. La dinámica política interna del senado y la cámara de diputados supone alternancia directiva cada año, lo que, sumado a los cambios cuatrienales del ejecutivo, genera un desafío permanente para poder establecer una agenda racional, una hoja de ruta diáfana y la secuencia de aprobación.

En los hechos, cada presidente del Senado o la Cámara de Diputados asume con un pasivo histórico abrumador; una cantidad enorme de iniciativas por aprobar, y, ni hablar de las nuevas leyes que se depositan en cada legislatura.

Los congresistas gozan de iniciativa legislativa insubordinada y el ejecutivo también, de ahí que cada poder actúa independiente del otro (en teoría), exacerbando una dinámica caótica que incrementa los déficits legislativos.

El PRM heredó esos cientos de leyes pendientes, pero también cosechó un sufragio electoral mayoritario que se tradujo en una súper mayoría cualificada en ambas cámaras que le permitiría –en teoría– aprobar muchas de las leyes pendientes que no generan conflictos –ni lastiman intereses– en poco tiempo.

Un gran aporte del gobierno de Luis Abinader a la mejoría institucional del Estado dominicano sería la aprobación de muchas de esas tantas leyes pendientes que llevan años engavetadas, sobre todo porque controla la presidencia en ambas cámaras y cuenta con los votos suficientes para impulsar y aprobar cualquier ley, sin importar su naturaleza.

En la práctica, con siete legislaturas por delante, lo que procedería es racionalizar el esfuerzo y proyectarlo en el tiempo. Tamizar el universo de leyes pendientes desde la lógica de lo urgente, lo prioritario y lo necesario; elaborar un cronograma de trabajo conjunto y designar responsables que puedan liderar e impulsar todo el proceso.

Determinar a la luz del prisma político lo que procede desde la necesidad de la ciudadanía y los actores empresariales y sociales no es poca cosa, y, por más intención y voluntad política que se disponga, es materialmente imposible lograr en tres años y medio la aprobación de todas las leyes pendientes, por lo que toca priorizar…y empezar, ya.