Esto podemos hacer
El editorial del Listín Diario plantea una pregunta esencial: ¿Qué podemos hacer con el sistema eléctrico?. Para responder, debemos analizar esta problemática desde su estructura más básica, compuesta por tres actores principales: las generadoras de energía, las distribuidoras y los clientes, con el gobierno como un cuarto actor fundamental que subvenciona y regula.
El funcionamiento es aparentemente simple: las generadoras producen y venden la energía a las distribuidoras, y estas últimas la facturan y entregan a los clientes. Sin embargo, el problema real emerge al observar la dinámica de este modelo.
La raíz del problema: facturación y subsidios
Las distribuidoras, o Edes, ajustan las facturas de forma periódica y significativa. Estas alzas muchas veces duplican la factura original. ¿El resultado? Los usuarios terminan en un ciclo constante de reclamaciones ante las oficinas de las distribuidoras, obligados a pagar un mínimo del 30% de la factura para evitar el corte del servicio. Este procedimiento, casi siempre, concluye con la misma respuesta: “La facturación es correcta”. Es decir, la entidad que establece los aumentos también verifica las reclamaciones, convirtiéndose en juez y parte.
Pero la sobrecarga no se detiene ahí. Las Edes también trasladan la diferencia restante al gobierno, que cubre la factura con los fondos de todos los contribuyentes a través de millonarios subsidios. Según cifras oficiales, este déficit supera los 1,500 millones de dólares anuales, un peso que impacta el presupuesto nacional y genera un déficit fiscal recurrente.
¿Por qué no mejora el sistema?
El sistema eléctrico, especialmente en su etapa de distribución, está diseñado para favorecer la comodidad de las distribuidoras privadas. Las Edes no tienen incentivos para reducir el fraude eléctrico ni para ampliar la instalación de contadores en sectores populares. Este modelo, que opera bajo la amenaza velada de “apagar el país” si no se ajustan los subsidios, crea una situación que podría calificarse de “chantaje” en otros países. Aquí se normaliza como “negocio”.
En lugar de asumir riesgos o buscar soluciones efectivas, las Edes optan por subir la facturación y pasarle la carga al cliente o al gobierno. En esta ecuación, los actores principales –clientes y Estado– son tratados como “los pendejos” que sostienen un sistema fallido.
La solución: eliminar intermediarios
¿Qué podemos hacer? Es hora de repensar el rol de las distribuidoras. Un sistema tan estratégico como el eléctrico no debería estar en manos de actores privados que priorizan sus beneficios sobre el bienestar de los ciudadanos. La propuesta es clara:
1. Eliminar a las distribuidoras como intermediarias. Que los clientes y el gobierno compren directamente a las generadoras. Esto reduciría los costos inflados y eliminaría el chantaje de las Edes.
2. Gestión estatal eficiente. El gobierno debe asumir el control directo de la distribución eléctrica, garantizando que los recursos públicos se inviertan en la mejora del sistema, la instalación de medidores y la reducción del fraude eléctrico.
3. Fortalecer la regulación y transparencia. Una entidad independiente debe fiscalizar los costos y establecer tarifas justas, evitando los abusos recurrentes de las distribuidoras.
4. Invertir en tecnología y modernización. Un sistema de distribución eficiente, gestionado con tecnología moderna, podría reducir las pérdidas y mejorar el servicio sin necesidad de sobrecargar a los usuarios.
Conclusión
El modelo actual no solo es insostenible, sino injusto. La solución pasa por eliminar intermediarios y devolver el control de la distribución eléctrica al Estado. Así, el gobierno podrá garantizar un servicio justo y accesible para todos, rompiendo el ciclo de abusos y déficits que tanto afecta a los ciudadanos. Es hora de priorizar a los verdaderos actores del sistema: los clientes y el gobierno.