Transformación institucional en la Cámara de Cuentas
La Cámara de Cuentas de la República Dominicana es el organismo de control externo del Estado, encargado de fiscalizar y garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y transparente en beneficio de la ciudadanía. Además de la fiscalización, sus funciones abarcan el control del patrimonio público y la supervisión de la administración financiera del Estado.
Similar a las firmas auditoras en el sector privado, la Cámara de Cuentas debe emitir un dictamen sobre la confiabilidad de la información financiera de las instituciones públicas, identificando errores y emitiendo recomendaciones. Su reputación y credibilidad son sus principales activos, sobre los cuales se sustenta el mandato constitucional de supervisar las transacciones del sector público. Como órgano constitucional, debe evitar controversias públicas y actuar con un sentido de cuerpo colegiado, lo cual implica generar consensos. Esto requiere una rigurosa formación profesional, una sabiduría que surge de la experiencia y un profundo conocimiento del funcionamiento del Estado.
Sin embargo, graves problemas surgen cuando los propios auditores carecen de la confianza pública, actúan de manera cuestionable y sólo dan a conocer algunas de las auditorías que realizan. Esta es la situación que enfrentamos actualmente. Según los informes enviados al Congreso Nacional, el número de auditorías aprobadas y publicadas por la Cámara de Cuentas ha disminuido drásticamente: de 58 en 2019, se redujo a 43 en 2020, 10 en 2021, 18 en 2022 y apenas 5 en 2023 (hasta el primer semestre de 2024). Además, el ejercicio de sus otros mandatos constitucionales también es preocupante, ya que algunos informes al Congreso han incluido votos disidentes en la evaluación de la ejecución presupuestaria y la rendición de cuentas del Estado.
Para lograr una mejora cualitativa en el desempeño de la Cámara de Cuentas, es esencial superar los factores que han debilitado su credibilidad, la cual nunca ha alcanzado niveles elevados. Entre estos factores destaca su designación por afinidad partidaria, en lugar de por méritos propios e independencia de criterio.
Afortunadamente, el Congreso Nacional dio un primer paso hacia la transformación de esta entidad, aprobando en junio de este año la Ley núm. 18-24 de la Cámara de Cuentas, que introduce innovaciones como el Sistema Nacional de Control y Fiscalización, flexibiliza la estructura organizacional y fortalece el sistema de sanciones, entre otros aspectos.
Si la Cámara de Cuentas ha de cumplir efectivamente con el nuevo marco legal y recuperar la credibilidad perdida, su transformación institucional debe incluir los siguientes componentes clave:
1. Renovación de los miembros: La imagen pública de la actual membresía ha sido cuestionada debido a incidentes que afectan la confianza ciudadana en el organismo. Un equipo renovado podría aportar mayor credibilidad.
2. Independencia partidaria: La designación de los miembros de la Cámara de Cuentas por afinidad política ha afectado la objetividad de sus informes. Una Cámara de Cuentas independiente y apartidista garantizaría informes imparciales y creíbles.
3. Adopción de prácticas internacionales: Alianzas con organismos internacionales como la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI) fortalecerían los procesos de auditoría, alineándolos a los estándares globales.
4. Transformación organizacional: La estructura actual de la Cámara deja sin responsables claros muchas de sus funciones legales. Además, la falta de coordinación entre áreas limita la eficiencia en la ejecución de sus funciones.
5. Reducir la rigidez burocrática: Los procesos internos, en su mayoría manuales y burocráticos, son lentos y repetitivos, dificultan la realización de auditorías y la entrega oportuna de informes. Una modernización en este aspecto es esencial.
6. Superar la deficiencia tecnológica: La falta de sistemas de gestión y la obsolescencia tecnológica limitan la capacidad de la Cámara de Cuentas para manejar los grandes volúmenes de datos actuales. Sin herramientas informáticas adecuadas, la entidad se ve obligada a aceptar sin cuestionar los reportes gubernamentales, dificultando la generación de información propia y retrasando las auditorías.
7. Incorporarse al Sistema de Gestión Financiera Pública: Es fundamental que el órgano supremo de auditoría del país utilice el mismo sistema de gestión y normas que las instituciones que supervisa.
8. Ejecutar su presupuesto de manera eficiente: La parálisis y bloqueos operativos han llevado a una subejecución del presupuesto, acumulando fondos en cuentas corrientes e inversiones fuera de la Tesorería Nacional. Según sus estados financieros, las cuentas corrientes e inversiones sumaron RD$ 920.2 millones en 2021, RD$ 1,422.0 millones en 2022 y RD$ 1,937.7 millones en 2023.
9. Capacitación y actualización del personal: La transformación de la Cámara de Cuentas debe incluir la contratación y capacitación de personal capacitado en plataformas tecnológicas y en modelos de gestión de resultados, medición de desempeño y gobernanza digital.
La selección de nuevos miembros y la implementación de estas reformas permitirán rehacer la Cámara de Cuentas y asegurar que cumpla con su mandato de manera efectiva y transparente. Con un enfoque en modernización tecnológica, reforma organizacional y fortalecimiento de la independencia, esta entidad podría convertirse en un verdadero garante de la transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos, contribuyendo al desarrollo y bienestar de la República Dominicana. Las oportunidades no se repiten, hay que aprovecharlas.