El Gobierno dominicano presentó a inicios de este mes lo que consideró como una propuesta de “modernización fiscal”, que tenía por objetivo alcanzar una recaudación de, aproximadamente, 122 mil millones de pesos anuales por medio de la eliminación de exenciones y el aumento de tributos a diversos sectores.
Definitivamente, fue un acto de valentía. Cumplir con esta promesa de campaña que viene realizando, antes de asumir en 2020 su primer periodo gubernamental, y enfrentar un tema que ha sido de lo más evadidos por los presidentes de turno.
Pero, atacar de manera directa a los grandes empresarios del país no tendría como resultado un costo muy accesible para el mandatario, obligándolo a retirarla. Esto solo sirvió de respiro para las clases financieras inferiores que saldrían afectadas por agravios como el de la reducción en el Impuesto al Patrimonio Inmobiliario (IPI), que pasaría de nueve a cinco millones. Es evidente que una iniciativa de ese tipo nunca alcanzará el consenso de las distintas representaciones sociales. Sin embargo, no hay dudas sobre la errónea formulación de la propuesta. No existe posibilidad alguna de agregar más complicaciones a una clase media que intenta no ahogarse en un mar de deudas. El presidente deberá cambiar su posición de “no tener más propuestas que esa”, para llamar a un nuevo diálogo que permita la conformidad requerida.
La vía para obtener el respaldo de la ciudadanía es mostrar un uso transparente y eficiente del erario público en inversiones que tengan un impacto positivo. Implementar medidas que no carguen mucho más a los que no cuentan con inversiones millonarias en países del extranjero… Así como perseguir a quienes evaden y eluden. Cuando el enfoque principal sea este, tenga la seguridad que los pobres, que son mayoría, enfrentarán a los “intocables” que rechazan cualquier intento de readecuación tributaria.