Guía básica para entender el caso Calamar
Estos días hemos visto el apresamiento de 20 personas, entre ellas importantes ministros de los gobiernos de Danilo Medina, a quienes se les acusa de formar parte de una red de corrupción denominada Calamar.
Las acusaciones involucran 19 mil millones de pesos y a gente tan importante como Gonzalo Castillo, pasado candidato presidencial del PLD; a José Ramón Peralta, que fue ministro administrativo y se le reconoce como una de las personas más cercanas a Danilo Medina y a Donald Guerrero, pasado ministro de Hacienda.
Con tanta tinta publicada sobre el caso, tantas acusaciones vertidas en programas de radio y de televisión y tantas bombas lacrimógenas llegando incluso hasta la casa nacional del PLD, se hace necesario tratar de entender cómo funcionaba la supuesta red del Calamar.
La teoría del Ministerio Público es que este caso se sustenta en tres patas de estafa al Estado: La primera era el pago de expropiaciones. Gente que tenía muchos años esperando que el Estado les pagara por terrenos declarados de utilidad de pública fue visitada por gente de la red, que les garantizaba el pago a cambio de que entregaran el 50, 60 o 70 % del dinero a los miembros de la estructura.
Como la gente normalmente estaba desesperada por los largos años de espera, accedía. Esa es una parte pero también hay historias de abogados y miembros de la red que comenzaron a falsificar documentos para cobrar deudas de personas que ya estaban muertas.
La segunda pata de esta mesa era el cobro a las bancas de apuesta. Los implicados formaron un grupo operativo que registró todas las bancas de lotería que operaban en el país. Las legales y las ilegales. Y se dieron cuenta de que era habitual que los consorcios legales tuvieran un porcentaje importante de bancas ilegales. Y comenzaron a extorsionarles. Tenían que pagar una cuota mensual o de lo contrario eran cerradas por oficiales del Ministerio de Hacienda, donde la red tenía amplia influencia y decisión.
También hacían lo mismo con colmados y colmadones que tenían máquinas tragamonedas. Y la tercera pata de la supuesta corrupción la podríamos dividir en dos: la parte A, vinculada al pago de contratos del Estado. La red buscaba a contratistas a los que el Estado les debiera dinero y le prometían el pago a cambio de que entregaran porcentajes importantes.
La parte B incluye a esos mismos contratistas pero en otra modalidad: la red supuestamente les volvió a pagar contratos de obras que ya estaban cerradas. Los ingenieros presentaban documentos de que todavía se les debía y la red ejecutaba a cambio de lo mismo: porcentajes importantes de los montos que les entregaban.
Los fiscales dicen que parte de todo el dinero recolectado por la red fue usado en financiar la campaña electoral de Gonzalo Castillo en 2019 y 2020.
El número de personas que ha admitido haber formado parte de la red ha ido en aumento. Primero se comenzó con Ramón Emilio “Mimilo” Jiménez, José Arturo Ureña, Bolívar Ventura o Fernando Crisóstomo. Y con los días se ha sumado Ángel Lockward, un personaje que tenía meses enfrentando a la Procuraduría y que ha terminado admitiendo parte de las culpas que se le señalan.
Una de las cosas que llama la atención de este caso es que se sustenta en un grupo de delatores que admitió haber participado en la supuesta estafa al Estado por miles de millones de pesos. Aun admitiendo haber sido partes, esas personas están en libertad por su simple condición de colaboradores o informantes de la Procuraduría.
Y otra de las cosas que llama la atención es que el extraño círculo sobre Danilo Medina que ha ido construyendo la Procuraduría parecería que ya se está cerrando. Con él adentro.