Abinader: pese a las crisis, la cultura política está a su favor

La participación política de la ciudadanía ocurre en los espacios y bajo las normas de la modalidad política imperante en el terreno normativo y jurídico en que actúan las organizaciones y la ciudadanía. Este posee valor de sistema, como el democrático, el dictatorial o el monárquico. En ellos ocurren el trabajo y participación políticos de las organizaciones, los actores políticos y los “sufragans”. Su resultado histórico conforma variantes de participación política, circunscribiendo sus territorios “culturales” —esquemas jurídicos y normativos, hábitos, conductas, preferencias y aspiraciones validadas por la tradición y el ejercicio previo de la acción política— a opciones relativamente convencionales o innovadoras lo mismo que a otras relativamente estimulantes o constrictoras de esa participación.

La acción política posible de realizar en ambos entornos es significativamente diferente aunque no carezca de similitudes y de una motivación esencial: la conquista, mantenimiento o ampliación de cuotas o la totalidad del Poder. En las sociedades subdesarrolladas, donde a causa de la pobreza y la inestabilidad de la clase media la gente depende significativamente de los gobiernos, el clientelismo se entroniza sensiblemente en las democracias como en las dictaduras.

Bajo esta óptica, la motivación esencial para el ejercicio político queda signada por la cultura política. Esta ha modelado la tradición, otorgándole valor referencial a un tipo y rango de conductas previas acuñadas como válidas por los antepasados y actores políticos anteriores. Eso explica por qué la cultura política modula tan detalladamente las perspectivas, visiones, conductas y actos de los actores políticos, al punto que, si algo resulta de la participación política es mantener esas formas validadas por la tradición y la cultura política. Adquieren así función normativa del mismo valor que acreditadora de la resistencia al cambio. Se constituyen, entonces, en factores nutricios de la previsibilidad, aspecto táctico de gran valor y función estratégicos.

Como la motivación de la participación política está enmarcada en esa tradición, validada y normada por ella —incluso jurídicamente—, cualquier interés de cambio recibe una reacción contraria, de oposición y resistencia, desde todos los flancos en que puedan ubicarse y organizados los actores y organizaciones políticos.

La tradición política caracteriza, pues, la cultura política, dictando a los actores de esta praxis lo que es lícito pretender y definiendo una tesitura a sus opciones. En las dictaduras, su sostenimiento y abyección; en las democracias, cuotas de poder, beneficios, protecciones y “facilidades”, especialmente a contrapelo de la Ley.

De esta manera, el actor político y las organizaciones establecen sus acuerdos de reparto. Sin embargo, existen culturas políticas en las cuales los acuerdos no son respetados porque el Poder se impone ejerciendo sus derechos exclusivos a la represión, a la violación de las leyes, a la violencia de todo tipo: psicológica, económica, jurídica, profesional y funcional heredados de la cultura política alcanzando niveles aviesos de burlas, engaños y “tumbes”.

Partiendo de lo expuesto, la participación política puede promover y lograr cambios sólo relativamente. Aunque buscarlos o lograrlos sea el leitmotiv de los discursos políticos y las socionarrativas.

La responsabilidad de esta inutilidad de la política para cambiar la tradición y culturas de ejercicio, por ejemplo, del Poder y gestión del gobierno heredadas no son exactamente los gobernantes. Sí el peso político coyuntural de los actores políticos interesados en las invariancias del Estatus Quo.

Cuentan con argumentos a favor de esta conducta: sus previsiones racionales se han proyectado sobre la base de la continuidad de las condiciones, escenarios, oportunidades y riesgos heredados desde esa tradición y definitorios del presente. Proyectar sobre lo cambiante o cambiable es, desde cualquier perspectiva, actuar a partir del riesgo incrementable derivado de los imponderables.

Una gestión afectada por el entorno internacional

El lapsus transcurrido, de dos años y siete meses, del gobierno del actual Presidente Luis Abinader Corona es una buena oportunidad para analizar teóricamente estos enunciados y otros.

Los abordamos desde el resultado práctico de los discursos pro cambio, pronunciados como objetivo y leitmotiv de su gestión, desde antes y en medio de la Pandemia de la Covid-19, la afectación de la economía mundial producto de los cierres de operaciones de las industrias y empresas que afectaron el turismo, el crecimiento (PIB), la cadena de distribución y los ingresos fiscales de los gobiernos, a lo que se agregó la guerra comercial Chino-USA, la guerra ruso-ucraniana y las medidas constrictivas del circulante despachadas por las autoridades monetarias reguladoras en todo el mundo, para contener la inflación, y cuyo reverso se manifiesta como pérdidas de oportunidad en el sector financiero y ralentización del crecimiento, al punto que anteayer, por su causa, la alta confianza en los bonos del tesoro y previsibilidades muy optimistas derivadas de cómo estas crisis beneficiaron el sector tecnológico, el mayor prestamista a la emergente industria tecnológica estadounidense, el Banco Silicon Valley (SVB, por sus siglas inglesas), se declaró en quiebra al perder “casi 2,000 millones de dólares”, según Emely Flitter y Rob Copenland del New York Times, siendo intervenido anteayer viernes 10 de marzo del 2023 por la Reserva Federal de los Estados Unidos para poner bajo resguardo “casi US$175 mil millones en depósitos de los clientes”, luego que en 2019 los activos de este banco crecieran de US$49 mil millones a US$102 mil millones en 2020 (+105.16%), y desde entonces al 2021 a US$189.2 mil millones (+79.31%).

Baste este hecho para describir el entorno de incertidumbre, alta afectación y riesgo a los negocios y, desde estos, a las economías en el que ha discurrido la gestión del Presidente Luis Abinader, sin que en el país se hayan producido efectos desastrosos aunque sí se muestren signos des socializantes como el incremento de la delincuencia y la estabilidad a lo alto de los precios de los bienes de primera necesidad demandados por las clases medias y los de menores ingresos.

Discurso y realidad de cambio en medio de la cultura política dominicana

A la persistente coyuntura descrita previamente, ante la cual muchos actores económicos nacionales tomarán previsiones, se agregan los efectos de esa entronizada cultura de tolerancia, corrupción, abusos y, sobre estos, el escudo con que los cubre la carencia de un régimen de consecuencias derivado de la impunidad adosada intrínsecamente al sistema de justicia.

El cambio ha sido la socionarrativa más portentosa del Presidente quien, para echarla a andar continúa recibiendo la oposición práctica de líderes importantes de su propia organización política y el consejo de la realpolitik. Ellos incrementan sus oportunidades a causa y en medio del natural desgaste que sufren las gestiones públicas a causas de ese conjunto de precitadas crisis y de la consecuente inconformidad ciudadana que produce.

El Presidente ha sido un abanderado de ese deseo ciudadano de cambiar el ejercicio público y de la política mediante la promoción de una justicia independiente que en los fiscales y jueces tiene su mayor obstrucción/oportunidad, anclados ambos profundamente en las bahías medulares de la tradición político jurídica. Significa que Abinader sólo puede echar a andar su proyecto de Cambio en tanto la mayoría ciudadana sea consciente de que los beneficiarios del status quo cultural político son quienes están ejerciendo una gran presión sobre los objetivos del Presidente con miras a: a) evitar varianzas en la cultura política y b) incrementar sus oportunidades de obtener o mantener cuota de poder político.

Si la justicia dominicana ha tenido que observar los plazos jurídicamente establecidos para las prisiones preventivas de acusados de inconductas ante el erario y los fondos públicos, también ha logrado que importantes sumas de dinero mal habido fueran devueltas al tesoro nacional. Y aunque a todas luces esto no es suficiente para combatir la impunidad e imponer el régimen de la Ley sobre el funcionariado público, constituye un avance que sólo puede robustecerse si la ciudadanía, en su función de sufragantes, otorgan un inequívoco consentimiento al representante del Ejecutivo y al partido político gobernante para que lleve a feliz término el cambio que promueve su discurso.

La gente desconoce que el consentimiento ciudadano es permanente y que actúa como mandato directo a los ejecutivos del gobierno. Aunque la cultura política nacional haya hecho creer a los ciudadanos que tan pronto pasan las elecciones su poder deviene difuso. Si la ciudadanía desea cambiar la cultura política ha de actuar como un sindicato nacional que plantea sus demandas en el Ágora, en las plazas públicas. Porque también existe la participación democrática positiva, aquella que otorga consentimiento público a objetivos de gobiernos coincidentes con las demandas sociales y el interés ciudadano de cambio de la cultura política.

Gestión pública, encuestas y discurso del cambio en la cultura política

De manera que, si en las encuestas que se realizan periódicamente y en la participación política pública de los actores que resisten al cambio promovido por un gobierno, este discurso de cambio pierde vigencia y esta oposición obtiene lugar preferente, el funcionario del Ejecutivo perderá base de sustentación social, reteniendo una insuficiente para hacer realidad su discurso político pues el contenido de este tiene que lograr ser transferido como consentimiento de la ciudadanía a sus representantes, especialmente a través de los legislativos, y a las entidades de control administrativo del gobierno.

Aquí se pone de manifiesto la necesidad de un amplio consenso a favor del cambio mediante el fortalecimiento de una cultura política realmente democrática, en la cual las precitadas falencias y la impunidad que deslegitiman el sistema de justicia puedan ser ostensiblemente reducidas. Significa que los actores políticos, especialmente los partidos y la sociedad civil, han y construir mayorías y actuar alineados en torno al logro de su objetivo, para contrariar y “guerrear” democráticamente contra los resistentes al cambio social amparados en la cultura política, sin importar su ubicación.

El PRM, ¿alineado al discurso y práctica del Cambio del Presidente Abinader?

Dicho lo anterior, procede la pregunta que antecede.

Bajo la óptica de la organización y funcionalidad estratégica de las acciones pública y política, los dirigentes de mayor relevancia han de condicionar como factor innegociable, inherente a la función pública, la alineación estratégica en torno a tal objetivo. Es obligatorio otorgar importancia cardinal a este postulado meta, pues en virtud del ejercicio de la previsibilidad se anticipan resultados derivables de la verificación de compactación/fisuras/rupturas en las filas formadas en la gestión de gobierno y la acción política de quienes sustentan los discursos y socionarrativas de cambio y ética.

La cultura política local al respecto se puede sintetizar en algunas escuchadas frases: “la cuota de la boa”, “borrón y cuenta nueva”, “Cada uno es dueño de su propio destino” y “¡Ahora es!”. Sus implementaciones prácticas son altamente previsibles pues se dictan y asumen como superposiciones al sistema jurídico, a favor de la continuidad de la impunidad.

¿Puede un hombre solitario lograr cambios?

Ese hombre, sin embargo, colocado en la cúspide del poder, sí puede imponer condiciones a los subalternos salvo en el caso de declaradas rebeldías al amparo de cuotas invariables, como las que a diario se escuchan en los medios de comunicación sin que se produzcan efectos contrarios, orientados a imponer la alineación estratégica a favor del cambio porque sería agregar más actores al conflicto inmanente a la acción política de mantenimiento y ampliación de cuotas de poder.

El símil sería un ejército consintiendo la ruptura de la formación, ante adversarios que hacen exactamente lo contrario y aliados dispuestos a trocar en adversarios o en fuertes alianzas con los adversarios.

La reelección y la cultura política

Aún en ese panorama tan retador, el Presidente cuenta con la cultura para plantarse como opción con altas probabilidades de triunfo en el 2024: los dominicanos han consentido, durante la mayor parte de su historia, un segundo mandato a sus ejecutivos.

Sólo han negado un segundo mandato a quienes produjeron choques extremos —no acompañados de los cambios socialmente demandados.

Los presidentes Antonio Guzmán y Salvador Jorge Blanco podían haber logrado reelegirse si su partido no hubiese estado proclamando una socionarrativa de “anti reelección” que, inicialmente adoptada como línea de acción contra el continuismo balaguerista-reformista (1966-1978, 1986-1996), terminó cancerando al viejo Partido Revolucionario Dominicano (PRD), auto-colocando una obstrucción a la continuidad de sus propios gobiernos y propiciando, a su amparo, la proliferación de candidatos y, en su ejercicio personalista, la división interna, factor este último de mayor relevancia en la explicación de las derrotas sufridas por el viejo PRD en 1986, explicable gráficamente en el estadillo de rebeldía social producido en 1984. A pesar de este, sin embargo, las opciones positivas del PRD ante el PRSC se mantenían, como explicamos en su momento en un artículo de opinión no compartido por mis antiguos compañeros de las izquierdas y publicado en el Boletín del Centro de Estudios de la Educación (CEDEE) entonces. El PRD perdió el poder por la división interna, dada como imposibilidad de acuerdo entre las facciones de Jacobo Majluta vs las de Peña Gómez-Jorge Blanco.

Preguntamos si hoy, los mayores enemigos del gobierno del Presidente Abinader están en las filas de su propio gobierno y partido, el Revolucionario Moderno (PRM). De ser así, sería un ejército integrado por aquellos funcionarios que no se han alineado al discurso del cambio del Ejecutivo y que durante los dos años y 7 meses de este gobierno, no se han interesado en propiciar mejoras y cambios a favor de la ciudadanía en los procesos, conductas y servicios públicos propios de las instituciones puestas a su cargo.

El otro factor desalineado del discurso del mandatario es la ruptura de los métodos democráticos de escogencia de candidatos. La fuerte presencia aristocrática que gravita sobre este partido en este aspecto es un gran lastre a las posibilidades de que la ciudadanía se integre sin obstáculos y con todo el derecho al beneficio derivable de su calidad de miembros organizacionales y del grado de simpatía que pueda alcanzar en la ciudadanía que los acepte y constituya en sus interlocutores y representantes; en cambio, sólo tienen abiertas las puertas las mujeres y los hombres cuyo mérito es ser hijo de alguien con fuerza en la tradición política y económica nacional, sin vínculo alguno con el verdadero interés de cambio político. Esto, que actúa como contra-cultura democrática, tiene un gran rol erosionante de la participación ciudadana capaz de consentir y, con ello, empujar los consensos que el cambio requiere. De ser así, el PRM podría estar cometiendo el error de clausurar la función de promoción social propia de la acción y la participación política.

Más opciones a favor de Abinader

Pese a estos factores obstructivos, la cultura política nacional aporta recursos adicionales para apuntalar la reelección, incluso como alianzas imprevisibles, exactamente contrarias a las hasta hoy anticipadas.

Dentro de la racionalidad implícita a toda acción política, existe otro factor capaz de apuntalar la reelección aún no declarada del Presidente: sólo le gobernaría por un período más.

Ante esta realidad económica-temporal, de alta incidencia en las oportunidades que los candidatos pueden derivar del cruce de coordenadas oportunidad en el tiempo, el presidente adquiere un valor quizás subestimado ante los ojos de sus mayores adversarios posibles porque en tanto los otros dos posibles candidatos plantearían un escenario de lucha política capaz de extenderse por ocho años, el enfrentamiento contra el presidente sería de cuatro años más y, adicionalmente, contra un partido —como hemos visto— altamente atomizado por las disidencias intestinas causadas por la incidencia sobre él de las aristocracias partidarias, religiosas, sociales y económicas, cuya preponderancia erosiona los métodos de escogencia democráticos considerados esenciales para la participación política democrática.

De manera que, pese a todos esos factores disruptivos, la cultura política nacional ofrece fuertes factores que acreditan y contribuyen a que resulte exitosa la candidatura presidencial del señor Luis Abinader, aunque éste aún no la haya proclamado.