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Puntos de vista sábado, 13 de agosto de 2022

Mas sobre la Legalidad de la Prueba

  • Mas sobre la Legalidad de la Prueba
Teófilo Andújar Sánchez

El ámbito jurídico relativo a la legalidad de la prueba, siguiendo el hilo del artículo anterior es profundamente amplio en el proceso penal se constituye en una obstinada y pertinaz sombra protocolar que acompaña el procedimiento judicial penal, desde la denuncia realizada por la víctima, testigo (s) del hecho o de oficio por parte de la policía nacional, en su calidad de auxiliar del órgano acusador y el propio ministerio público, cuando se entera de la comisión de uno o varios ilícitos penales, donde debe ocurrir todo el levantamiento de las pruebas o evidencias, su forma de procesamiento, verificación y acreditación en la audiencia preliminar o intermedia, luego de la acusación hasta el juicio de fondo.

Ese ámbito se constituyen en circunstancias especiales para garantizar la legalidad de la prueba obtenida, en adición a la calidad de la persona que la recoge, el predeterminado y legal protocolo que debe observar el personal auxiliar del ministerio público, los propios miembros del órgano acusador, durante los hallazgos producidos durante las prácticas de las diligencias pertinentes y útiles para determinar la ocurrencia de los hechos, ese conjunto de reglas de formalidad que rigen los actos procesales, llamado protocolo, deviene en el más atinado y eficiente resguardo tendente a constituirse en el proceso penal y se identifica como cadena de custodia, que no es más que el procedimiento controlado que se aplica a los indicios materiales relacionados con el delito, desde su localización hasta el momento de su valoración por parte de los encargados del análisis, experticia o peritaje, procurando básicamente impedir vicios o contaminación en el manejo que se haga y así evitar alteraciones, sustituciones, contaminaciones o destrucciones.

En ese protocolo el funcionario actuante en la inspección levanta un acta, en la cual describe detalladamente el estado de los lugares y las cosas, recoge y conserva los elementos probatorios útiles, dejando constancia de ello en el acta; la cual debe ser firmada por el funcionario actuante, así como por los testigos, si hay en la escena.

Situación similar debe suceder en las ejecuciones de otras diligencias pertinentes en deliberada procura de obtención  de evidencias y pruebas revestida de legalidad, el levantamiento e identificación de cadáveres, registros de personas, lugares, moradas, locales públicos y registros colectivos; en la primera, si existe la presunción de que el fallecimiento se produjo a consecuencia de un crimen, un delito de sangre, como el homicidio, los golpes y heridas que causan la muerte, asesinato o envenenamiento, antes de proceder al traslado del cuerpo inerte para fines de inhumación, deben hacer constar en el acta los resultados de la inspección corporal preliminar, con la descripción de la situación y posición en que fue hallado el cuerpo, las naturalezas de las lesiones ocasionadas, además de las diligencias ordenadas por el ministerio público, de igual forma consignar datos que puedan servir para identificar a la persona que perdió la vida, incluyendo señas visibles, lesiones físicas antiguas y permanente, mutilaciones, tatuajes, ausencia de piezas dentales, etc.

En lo relativo a los registros de persona, o lugares rige prácticamente el mismo procedimiento protocolar, pero es necesario incluir en el acta una mención de que el miembro del ministerio público, el agente policial auxiliar de la Policía Nacional actuante le dio fiel cumplimiento de la advertencia previa sobre los objetos buscados con motivo de la pesquisa, la firma del ciudadano (a) registrado, en caso de negativa de la suscripción hacerlo constar.

Todas estas constancias escritas sobre los pormenores, hallazgos e incidencias debidamente suscritas por las personas actuantes, junto a la calidad habilitante de la persona que instrumentan las actas generan la legalidad de las pruebas.

Por otra parte, la calidad habilitante de la persona que recoge o realiza el levantamiento de la prueba queda determinado por la ley, por ello, la Ley núm, 458-08, del veintisiete (27) de octubre del dos mil ocho (2008), que crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses de la República Dominicana, y establece el marco legal a los fines de actualizar, adecuar, agilizar e impulsar el desarrollo de las ciencias forenses y criminalísticas en el país, así como modernizar el flujo de los procesos técnicos – investigativo y criminalística establece como funciones brindar los informes, peritajes y dictámenes que soliciten las autoridades judiciales y del Ministerio Público, sin perjuicio de las solicitudes que puedan dirigir otras agencias e instituciones públicas o privadas o apoderados privados por mediación judicial o independiente. Practicar todos los análisis e investigaciones científicas y técnicas con motivo de la ocurrencia de un crimen o delito y de conformidad con la ley o cualquier otro reporte que sean requeridos por el Ministerio Público y las autoridades judiciales. Establecer protocolos de actuación en las distintas disciplinas científicas y asegurar niveles adecuados de calidad en los informes. Difundir y promocionar los conocimientos en materia de ciencias forenses y criminalísticas que contribuyan a desarrollar y dinamizar los sectores que actúan en la administración de justicia en el país. Actuar como centro de referencia en materia propia de su actividad en relación con otras instituciones nacionales afines y con otros institutos de ciencias forenses a nivel internacional. Efectuar estudios e investigaciones forenses conforme el Plan Nacional de Política Criminal del Estado dominicano, implementado por la Procuraduría General de la República. Colaborar con entidades educativas y sanitarias a nivel nacional en todas aquellas materias que contribuyan al desarrollo de las ciencias forenses. Cooperar con organismos nacionales e internacionales en materias relativas a la investigación forense y criminalística, recogiendo y ordenando cuanta información se facilite al respecto.

Resulta importante señalar que; la legislación de la prueba constituye un elemento de constitucional debido proceso y que los medios parra obtenerlo y su valoración integral también, por lo que se infiere que si se quebranta el debido proceso la sentencia de condena es espuria