El hilo fino entre lo ético y lo legal

Hace tres semanas tuve un interesante debate con mis estudiantes de comunicación social sobre la ética en todos los sentidos, aunque obviamente enfatizando en el ejercicio de la profesión.

Analizamos el artículo 49 de la Constitución Dominicana que garantiza Libertad de expresión, el derecho a la información y el acceso a las fuentes noticiosas, entre otros aspectos puntuales que norman el ejercicio de la carrera.

Claro, todos esos derechos, se ejercen de conformidad con las leyes, así como respetando el derecho al honor, a la intimidad, la dignidad y la moral de las personas, en especial la protección de la juventud y de la infancia, según nuestra Carta Magna.

Hay incluso otras restricciones, como planteó el juez Alejandro Vargas en un reciente análisis donde abordó el tema de la libertad de expresión y los jueces, al amparo precisamente de ese artículo 49 de la Constitución.

El magistrado explicó que, si bien los jueces gozan de un amplio catálogo de derechos fundamentales, entre ellos la libertad de expresión, también tienen deberes ineludibles que cumplir, que nacen de su propio estatuto, como son la observancia irrestricta de valores y principios éticos, que podrían verse expuestos riesgosamente frente a la sociedad cuando ese derecho se articula de manera inadecuada.

Precisó con mucha razón que el derecho a ejercer la libertad de expresión carece de valor absoluto respecto de los magistrados, porque deben sujetar sus actuaciones a normas restrictivas, valores y principios éticos, cuyo objeto obra en resguardo de la imparcialidad, objetividad e integridad de la judicatura y del propio juez.

Siempre he considerado, tal y como deja entrever el juez Vargas en su razonamiento, que existe un hilo muy fino entre el aspecto penal de las leyes y la ética fruto de esa reflexión que hace cada persona para elegir el camino correcto ante los dilemas que se presentan en el ejercicio de cualquier cargo o profesión.

Ese hilo en que se mueve el accionar de funcionarios y otras figuras públicas, tal si fueran malabaristas, ahora se torna más frágil por la labor de fiscalización que se ejerce a través del internet, especialmente las redes sociales.

Pese a las injusticias que en muchas ocasiones propician, por esa excesiva libertad que otorgan para la emisión de juicios y pensamientos, esas redes sociales se han convertido en la vía más idónea para condenar moralmente a quienes incurren en faltas éticas amparados en lo legal.

Ocurrió ahora con los funcionarios de instituciones estatales autónomas que, cobijados en lo legal, decidieron aumentarse los salarios, algunos de manera desproporcionada, incurriendo en una falta de ética por el contexto en que ocurrió.

En medio de una crisis económica que aún persiste provocada por la pandemia del Covid-19, agravada por el conflicto Rusia-Ucrania y ahora con el ingrediente adicional de las recientes tensiones entre Estados Unidos y China por la visita de la congresista Nancy Pelosi a Taiwán, era más que imprudente de esos funcionarios incrementarse los sueldos, cuando la mayoría de la población padece tantas angustias y precariedades debido al alto costo de la vida.

El afán de poder, dinero y popularidad en muchos funcionarios induce a esas faltas a la ética que ahora están con mayor rigurosidad bajo el ojo escrutador de los usuarios de redes sociales.

El amigo, militar y psiquiatra Felipe Román, con quien traté el tema la semana pasada, me razonó que tanto políticos como empresarios se valoran más por los bienes que poseen y no por ellos mismos.

Ese anhelo por tener cada día más poder, fama y dinero se convierte en una vana satisfacción que pone a rodar con tanta frecuencia los principios y valores de la persona misma y de las instituciones que representan.

Pero actuar apegados a la ética ya no se limita a ellos mismos y las entidades que dirigen, sino también a la sociedad que los coloca bajo una fiscalización constante, a través de las redes sociales, donde han encontrado la repulsa social y presiones que ya han provocado incluso renuncias y destituciones, en el caso de los funcionarios.

A partir de ahora hay que tener igual celo con lo legal y lo ético, so pena de verse expuestos ante la sociedad que con su sentencia moral ha encontrado la manera de romper ese hijo fino entre ambos compromisos y provocar la caída a un vacío de consecuencias impredecibles.