Armas en las manos de desalmados

El presidente haitiano Jovenel Moise fue asesinado en la madrugada del 7 de junio de 2021 por un grupo de hombres que penetró fuertemente armado a su residencia ubicada en las afueras de Puerto Príncipe, la capital de Haití.

Se suponía que la residencia del jefe de Estado era el lugar mejor vigilado en la empobrecida nación caribeña. ¿Qué hizo la seguridad del mandatario para evitar el magnicidio? Todavía ese detalle sigue en nebulosa, al igual que las reales causas del crimen y sus autores intelectuales. Ninguno de sus guardaespaldas resultó herido en el ataque a Moise y su familia.

El ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, fue asesinado en su despacho en la mañana del pasado 6 de junio. Del crimen está acusado “su amigo cercano” Fausto Miguel de Jesús Cruz de la Mota, quien guarda prisión preventiva a la espera de una acusación formal y el posterior juicio de fondo. ¿Dónde estaban los encargados de resguardar al funcionario cuando ocurrió ese atroz crimen? El suceso los pilló desapercibidos.

El pasado viernes murió de dos disparos el ex primer ministro japonés Shinzo Abe cuando pronunciaba un discurso en la ciudad de Nara, en el sur de Japón.

En Japón portar un arma de fuego resulta extremadamente difícil por los rigurosos controles que incluyen una minuciosa revisión de antecedentes penales, evaluación psicológica, someterse a entrenamiento para su uso e incluso entrevistas a vecinos del solicitante para determinar su historial de convivencia.

Son tan exhaustivos los requisitos para acceder a un arma, que el acusado de matar al ex ministro nipón tuvo que confeccionar la que usó con madera, metal y cinta adhesiva.

Por esa razón, en la nación asiática, con cerca de 125 millones de habitantes, las muertes por armas de fuego son insignificantes en proporción a su población.

Abe también tenía seguridad, pero en un país con decesos tan bajos por armas de fuego y tomando en cuenta que estaba en medio de un acto político en plena vía pública, podría hasta justificarse el descuido del personal encargado de protegerlo.

Contrario al lugar donde mataron a Shinzo Abe, en los casos de Moise y Jorge Mera se trata de dos países donde cualquiera puede portar un arma u obtenerla de manera ilegal. Y ni hablar de los requisitos porque son limitados y algunos pueden ser burlados con el pago de sobornos.

República Dominicana y Haití son países también con una marcada inseguridad ciudadana que cada día tiende a incrementarse, a tal punto que nadie está seguro ni en su hogar, ni en el ámbito laboral.

Regularmente la sociedad se siente conmocionada cuando la tragedia llega a las puertas de figuras con poder o arraigo en la sociedad, como los casos de Moise, Jorge Mera y Abe.

Pero las muertes por armas de fuego ya alcanzan la categoría de drama en un país como el nuestro, donde resulta tan fácil adquirirlas como acudir a cualquier colmado a comprar un refresco. Personas sin la capacidad para tener armas andan con ellas y las blanden para amenazar o intimidar en las vías públicas ante cualquier mínimo conflicto.

Hemos visto como en algunas oficinas públicas se han incrementado las medidas de seguridad después del asesinato de Jorge Mera y estoy convencido de que lo propio hará Japón tras el magnicidio de Abe.

Lo que sí es seguro que, en el caso de Japón, un país que se ufana de sus elevados niveles de seguridad, no será una calentura propia del momento.

Lamentablemente el mundo enfila hacia una espiral con tendencia sin pausa hacia el mal, con crímenes de odio que nos dejan perplejos por las razones tan baladíes que se esgrimen para justificarlos. Y eso deben entenderlo las autoridades dominicanas, especialmente quienes dirigen el Ministerio de Interior y Policía.

No se trata solo de redoblar medidas de seguridad en instituciones del Estado. Se requiere someter a un cedazo excesivamente riguroso a toda persona interesada en adquirir un arma y luego sacarle un permiso para portarla.

No es solo poner el foco en los funcionarios, la población en sentido general enfrenta cada día el temor de salir a las calles y ser víctima de delincuentes fuertemente armados y dispuestos a lo que sea para despojar a los ciudadanos de sus bienes.

Una efectiva política anticrimen y para contener la marcada violencia que nos arropa, debe contemplar una mayor rigurosidad y control con la tenencia y el porte de armas de fuego.

Todavía estamos a tiempo de poner candado antes de que nos roben.

No hay que esperar a que un día una persona con algún trastorno mental penetre armado y disparando a una escuela y se convierta en el protagonista de una desgracia que aún podemos evitar.