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Puntos de vista sábado, 25 de junio de 2022

La justicia electoral dominicana

  • La justicia electoral dominicana
Yanit E. Pujols Casado

Cualquier supuesto respecto de la Justicia y, en especial, de la Electoral, debe estar basada en los pilares fundamentales que entrega la Constitución Dominicana.

En efecto, ya su artículo 4 establece la gran definición del objetivo central de la acción del Estado y de sus organismos, cuando señala que “El gobierno de la Nación es esencialmente civil, republicano, democrático y representativo”. Y después, definiendo la función del Estado en su artículo 8, acota aún más al disponer que “Es función esencial del Estado, laprotección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas.”

Por consiguiente, ambas normas constitucionales son las que empapan el resto de la normativa constitucional, y revisten el resto de la legislación y actividad administrativa, siempre en resguardo de los derechos esenciales de los dominicanos y dominicanas.

En esa misma línea,  cuando la Constitución detalla los derechos de la ciudadanía en su artículo 22, entrega un abanico de opciones que deben ser resguardadas especialmente por la Justicia Electoral, pues sin su conveniente resguardo no hay real democracia. En ese tenor, el constituyente dispone que elegir y ser elegibles, decidir sobre los asuntos que se propongan mediante referendo; ejercer el derecho de iniciativa popular, legislativa y municipal; formular peticiones a los poderes públicos para solicitar medidas de interéspúblico y denunciar las faltas cometidas por los funcionarios públicos son las facultades esenciales para poder ejercer plenamente la democracia. Solo con el respeto a estas cuestiones fundamentales, que se debe hacer a través de los canales que la misma Carta Fundamental entrega a los ciudadanos dominicanos, se puede crecer en democracia y libertad.

Al revisar el título II, de los derechos, garantías y deberes fundamentales, en su capítulo I, de los derechos fundamentales, sección i, de los derechos civiles y políticos, se encuentra un amplio catálogo de los derechos que son amparados por la constitución, y que permiten a los dominicanos vivir en un país con amplias libertades:

Consustanciales al ser humano, el derecho a la vida y a la dignidad encabezan, por su absoluta relevancia este listado, que, en caso alguno, debe entenderse limitado, puesto que el desarrollo de la persona humana no reconoce limites y el reconocimiento de mayores espacios de libertad no se restringe a una numeración establecida en un momento determinado de la historia de la República Dominicana, pero que seguirá creciendo, como también progresa la humanidad en reconociendo de derechos y libertades.

Quizás, de la mayor relevancia, y con una fuerte injerencia en el resto de los derechos, y con especial impacto en la Justicia Electoral, se ubica el derecho a la igualdad, por el cual todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal.

Es este derecho a la igualdad el que debe consolidar la visión al momento de ejercer Justicia Electoral, puesto que, en la medida que los ciudadanos sean reconocidos en sus propias individualidades y sopesadas sus diferencias, se permitirá establecer las bases de igualdades para ejercer sus derechos. La igualdad de que trata la norma constitucional implica que, esencialmente todos los seres humanos son iguales, sin embargo, cada cual tiene sus propias circunstancias, sus diferencias consustanciales en los diversos aspectos de la humanidad; así, es necesario reconocer las diferencias que permitan a cada cual ejercer sus derechos en igualdad.

Desde la visión de la Justicia Electoral, evidentemente todos los ciudadanos son iguales, sin embargo, tal igualdad debe sopesarse entre los mismos iguales, ya que no es justo ni democrático establecer deberes idénticos a ciudadanos que están en pleno uso de todas sus facultades, con aquellos que están discapacitados. Y este ejemplo se puede extrapolar a miles de situaciones que deben ser reconocidas por la Justicia Electoral al momento de establecer un cartabón de igualdad entre los ciudadanos.

Indudablemente,  no existe real democracia si no se resguardan suficientemente el derecho a la libertad y seguridad personal, la cual será resguardada siempre por la autoridad judicial competente. En ese sentido, la integridad personal reviste importancia desde la visión electoral, ya que el ejercicio electoral requiere el respeto a la integridad física, psíquica, moral y a vivir sin violencia. De la misma forma, como expresión más pormenorizada de la igualdad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, constituye una exigencia para ejercer cabalmente el derecho electoral.

A la vez, en forma creciente, el derecho a la intimidad y el honor personal tiene importancia determinante al ejercer los derechos políticos electorales, puesto que las nuevas tecnologías han invadido la esfera privada e íntima de las personas, afectando su desarrollo social y político. Asimismo, como expresión natural del ser humano, el reconocimiento a la libertad de conciencia y de cultos, constituye, también un factor de progresiva importancia, en la medida que actores de diversos credos comienzan a actuar en política y ejercer sus derechos electorales.

El constituyente dispone que la libertad de tránsito responde a la necesidad de ejercer sin trabas los derechos políticos y electorales. Especial importancia reviste la libertad de asociación, puesto que de este derecho básico surgirá toda la estructura y normativa de los partidos políticos, como base esencial de cualquier estructura democrática. Sin asociaciones, no hay formas de que las personas se acerquen posiciones para instar por progreso usando las herramientas de convocatoria que ofrece la Justicia Electoral. Conjuntamente con la asociación, surge, naturalmente la libertad de reunión por el cual toda persona tiene el derecho de reunirse, sin permiso previo, con fines lícitos y pacíficos.

Sin embargo, estos derechos tendrán una mayor expresión y vivencia en la medida que sean revestidos por la libertad de expresión e información, por la cual toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa. Solo mediante una amplia libertad de información será posible que los ciudadanos se agrupen, se asocien, se junten libremente y puedan hacer efectivos sus derechos políticos y electorales. Así, se constata que la libertad de información será la piedra angular de los procesos electorales y deberá ser revisado con la mayor acuciosidad por parte de la Justicia Electoral al momento que los ciudadanos ejercer sus derechos.

Evidentemente, sin libertad de información no existe democracia ni libertad alguna. Por eso, en momentos que los medios tecnológicos entregan propuestas de información a todos los habitantes del país, es necesario que la Justicia Electoral cumpla su rol de resguardo de tales libertades. Sin embargo, también tales herramientas han mostrado que pueden constituirse en ocultos engaños que afectan al proceso electoral y, por ende, a la democracia en sí.

Nuevamente será la Justicia Electoral la que deberá avanzar en el resguardo de tales libertades, no solo para ejercerla por la ciudadanía en forma amplia y transparente, sino también, estableciendo los limites que la misma democracia debe imponer a aquellos que, usando tales herramientas, pretendan afectar el normal flujo de las decisiones democráticas. Por lo tanto, será el mayor hito de los años venideros, con los que la Justicia Electoral deberá ir ajustando los límites de los derechos y libertades en una sociedad muy interconectada, siendo reconocida por la ciudadanía como un factor legítimamente del actuar democrático.

Este abanico de libertades que contempla la Constitución Dominicana debe estar resguardada, desde el ámbito de la Justicia Electoral, por el Tribunal Superior Electoral (TSE), como lo dispone el artículo 214, al señalar que es el órgano competente para juzgar y decidir con carácter definitivo sobre los asuntos contencioso electorales y estatuir sobre los diferendos que surjan a lo interno de los partidos, agrupaciones y movimientos políticos o entre éstos.

Como lo señala el artículo 13 de la Ley 29-11, que regula el TSE, en materia de Justicia Electoral, conoce en instancia única de los recursos de apelación a las decisiones adoptadas por las Juntas Electorales; conoce de los conflictos internos que se produjeren en los partidos yorganizaciones políticas reconocidos o entre éstos; conoce de las impugnaciones y recusaciones de los miembros de las Juntas Electorales; decide respecto de los recursos de revisión contra sus propias decisiones cuando concurran las condiciones establecidas por el derecho común; ordena la celebración de nuevas elecciones cuando hubieren sido anuladas; y conoce de los conflictos surgidos a raíz de la celebración de plebiscitos y referéndums.

Es decir, es el TSE que tiene la última palabra en materia de Justicia Electoral Dominicana, por lo tanto, sus decisiones son especialmente relevantes para la solidez de la democracia y la persistencia de las libertades de los habitantes del país. Esta función vital para la subsistencia de las libertades políticas y electoral del TSE se sustenta en las decisiones que emanan de sus Magistrados, los que, ponderando, apreciando y determinando las calidades y las circunstancias en que se ha realizado los procesos sometidos a su conocimiento, pueden establecer, conforme a los principios de legalidad, trascendencia, oportunidad, publicidad y certeza, que se han seguido fielmente los trámites ordenados por la ley.

En conclusión, esta revisión de las libertades consagradas en la Constitución, desde el punto de vista de la Justicia Electoral, permite determinar el justo valor y la transcendental importancia que tiene para la vida en sociedad, gozando de estas mismas libertades y resguardados por procesos electorales libres, informados y transparentes.

Yanit E. Pujols Casado
Magíster Derecho Electoral y Procesal Electoral