Presidencia, CNSS y Sisalril: la justicia llegando al SDSS

Dos accio­nes recien­tes invitan a valorar los esfuerzos oficiales a favor de mejo­ras ostensibles en el Siste­ma Dominicano de la Se­guridad Social (SDSS).

Este pájaro de tres alas tiene una para que vuele la salud; otra para uni­versalizar el asegura­miento de las personas y una tercera que protege a la gente en la vejez o el desahucio.

En el 2007, cuando en la práctica el SDSS des­plegó, su ala de asegura­miento en salud arribaba al cuarto año de su inicio de operaciones, activando el Sistema de Pensiones. Lo hizo con 927,082 afi­liados, en septiembre del año 2003.

Hoy, los afiliados a las Aseguradoras de Fondos de Pensiones (AFP) cifran 4.63 millones, creció 3.99 veces.

Sin embargo, quienes estaban empleados con anterioridad a la promul­gación de la 87-01 y te­nían más de 44 años de edad entonces, o ingresa­ron al sistema posterior­mente a esa fecha y con edad mayor que 44 años, permanecían en un limbo jurídico, pese a que pudie­ron —y debieron— seguir cotizando sin la esperanza de recibir compensación ni pensión alguna a la ho­ra del retiro, pues no po­drían acumular las cuotas requeridas para merecer­las antes a sus 60s.

Tras anteayer, martes 14 de junio del 2022, el Consejo Nacional de la Se­guridad Social (CNSS), en persona de su Presidente, el Ministro de Trabajo Luis Miguel De Camps García-Mella, hizo justicia a más de 25 mil trabajadores co­locados en esta situación. Informó la aprobación consensuada de la resolu­ción #545-01, ordenando devolver más de RD$7 mil millones a los trabajado­res que, afiliados al SDSS, no califican ni calificarán para pensiones. Fue pre­cedida por la Resolución N° 543-04, del 30 de ma­yo, favorable en iguales términos a los cotizantes del fondo Hotelero del sis­tema de reparto.

Tanto el Presidente Luis Abinader, como el Minis­tro de Trabajo, prestaron atención a las sugerencias de un comité de expertos que les manifestó por di­ferentes vías que la reten­ción de esos fondos era inconstitucional, al vio­lar los derechos a la pro­piedad de los afectados, constituyendo, además, una negación de justicia y propiciar el usufructo ile­gítimo de lo ajeno.

A este grupo de funcio­narios con vocación so­cial se suma nuevamente el responsable de Sisal­ril. Listín Diario publicó ayer que prepara y depo­sitará una propuesta para impedir a las clínicas con­tinuar cobrando copagos de hasta RD$32.525, po­niéndoles un tope de un salario mínimo cotizable, para reducir el gasto de bolsillo. Notemos la im­portancia: los montos in­volucrados en copagos re­presentan la mitad (52%) de los +RD$7 mil que el gobierno devolverá me­diante la Resolución N° 545-01. Sisalril los cuanti­ficó en casi RD$3,613.77 en 2021. Una situación que afectó a alrededor 600,000 pacientes afilia­dos a los regímenes de aseguramiento del Segu­ro Familiar de Salud (SFS) del SDSS.

El ministro De Camps García y El superinten­dente Feris Iglesias están interpretando y asumien­do certeramente las ins­trucciones a favor de un gobierno socialmente so­lidario despachadas por el Presidente Luis Abinader reiteradamente.

Cuando en 45 días la 545-01 entre en vigor, obstruir la entrega de esos fondos violará la Ley y los responsables podrían res­ponder con sus propios patrimonios.