COLABORACIÓN
San Juan, no temas que se cumpla la ley
La comunidad de San Juan de la Maguana no debe de temer a que el Estado Dominicano cumpla con la ley y autorice los estudios del proyecto minero de Romero.
Los estudios ambientales y sociales que requiere la ley son los que determinarán cómo un posible desarrollo minero afectaría a San Juan. Como impactaría su agua, su medioambiente y su agricultura.
La ley minera de la República Dominicana rige los procesos de exploración y de las posibles explotaciones mineras. Para así garantizar que el desarrollo minero no afecte el medioambiente, ni las comunidades.
En el caso de San Juan, el Estado autorizó a una empresa canadiense, británica y suiza, a explorar minerales en esa región. Esta empresa encontró oro, después de años de exploración y de invertir más de 30 millones de dólares.
Una vez la empresa encontró oro, procedió a satisfacer los requisitos que exige la ley y solicito el permiso para realizar los estudios. Estos son los que determinarían la factibilidad de una explotación minera y confirmarían el apoyo social de la comunidad. Llevar a cabo los estudios no tiene perjuicio para San Juan. Al contrario, es un seguro que protege a la comunidad de que no se permitirán errores. La aprobación de los estudios no significa que se autoriza una explotación minera.
Es oportuno también señalar que la comunidad supervisará la ejecución de los estudios y así garantizar estos se hagan seria y profesionalmente. En la actualidad basado en los hechos, influyentes sectores de San Juan y del país han concluido en apoyar se hagan los estudios. Entre estos sectores se encuentra la Iglesia Católica, congresistas, técnicos independientes y el empresariado. Además, el Ministerio de Energía y Minas después de verificar que la empresa cumplió con la ley, procedió a recomendar formalmente a que se autoricen los estudios correspondientes.
Ahora le toca al Estado cumplir con la ley y aprobar los estudios, para que así la Republica Dominicana refuerce su imagen internacional como destino atractivo a la inversión extranjera.
Además, enviar un mensaje que en este país se respeta la seguridad jurídica, elemento clave para los inversionistas.