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Puntos de vista miércoles, 18 de mayo de 2022

Colaboración

Mientras el tiempo pasa

  • Mientras el tiempo pasa
Federico A. Jovine Rijo

A juzgar por su desempeño, la industria minera de la República Dominicana debería merecer otro trato, pero recibe el peor de todos: la indiferencia oficial. De nada ha servido que en 2020, en plena pandemia, duplicara sus aportes al fisco mientras los indicadores de las actividades económicas decrecían, o que en 2021 aportara RD 28,721 millones y permitiera cuadrar las finanzas públicas, pues pese a la contundencia de estos datos, el Estado no ha liderado un proceso de definición colectiva de una política minera razonada, consensuada, transparente y sobre todo, ambientalmente sostenible.

Desde hace años, las autoridades han sido pasivas frente a las campañas de desinformación, manipulación y descrédito de la que han sido objeto algunas de las principales empresas mineras y, si bien es cierto que en materia de responsabilidad social, beneficios para las comunidades impactadas y cumplimiento de la normativa ambiental no todas sacarían la misma nota, el Estado ha optado por igualarlas en su silencio cómplice, mientras se beneficia de la liquidez inmediata que estas aportan a sus cuentas, sin asumir una regulación y supervisión efectiva y renegando de su rol de promotor (¡y socio!) de las mismas.

No diremos que en el pasado no se cometieron desmanes ecológicos, o que las comunidades afectadas no recibieron en recursos y ejecutorias lo que por ley les correspondía, o de que muy pocas se han beneficiado de sus actividades; ni tampoco obviaremos que esa irresponsabilidad estatal permitió la generación de un daño ambiental y de un pasivo social aún impagado pero, ¿no fue acaso el propio Estado el responsable de la generación de uno de los mayores pasivos ambientales?, ¿ocurre así de manera general hoy día? ¿acaso no hay una supervisión más efectiva por parte de las autoridades ambientales?

Frente a un deterioro macroeconómico mundial, agravado por una guerra empantanada, el mercado preferirá el oro como reserva y su precio seguirá en ascenso, mientras la vida productiva de nuestra principal apuesta minera languidece y se acerca a su horizonte de término, salvo que se tomen las decisiones firmes e inmediatas que garanticen su operación más allá de la fecha establecida y estas decisiones deben contar con la más firme voluntad política.

En su programa de gobierno, el presidente Luis Abinader expresó de manera contundente y responsable ese compromiso y las acciones que deben realizarse -muchas de las cuales ya están en marcha-, ahora falta que quienes están llamados a ejecutar esa voluntad entiendan y asuman ese desafío. Y no, no se trata de imponer, se trata de hacer cumplir la ley.